El capitán Emmanuel Alexis Salazar, jefe de Operaciones de la UIDH (Unidad Investigativa de delitos Hidrocarburíferos), en entrevista con LA HORA, explicó que la problemática de las perforaciones de poliductos y el robo de hidrocarburos dio un vuelco total desde 2020
Entre 2021 y 2022, se incrementó hasta 41 perforaciones para robar hidrocarburos, igualmente focalizadas en Sucumbíos.
Pero, desde 2023, en un cálculo que se hizo de manera conjunta con Petroecuador, se determinaron 334 perforaciones a nivel nacional.
Según explicó Salazar, el aumento de las acciones investigativas y los controles en Sucumbíos provocó lo que llama la Policía un efecto globo y la dinámica de perforaciones ilegales se trasladó de estar en Sucumbíos a varias zonas del litoral ecuatoriano, sobre a Guayas, Santa Elena, parte de la provincia de Los Ríos y Santo Domingo.
Son provincias que también mantienen infraestructura estratégica de Petroecuador y donde la incidencia de las perforaciones ilegales se ha disparado más de 300%
“Fue justamente un tema institucional, pues que tuvimos que compartir recursos investigativos para otros delitos como, por ejemplo, la contención del tema de vacunas, de extorsión a nivel nacional y pues de cierta manera ha habido un aprovechamiento por parte de estas personas que se asocian ilícitamente, que se organizan criminalmente para proseguir con este tipo de delitos”, explicó
Cambio de actores y prácticas detrás de los delitos hidrocarburíferos
Normalmente, el delito vinculado a los hidrocarburos que más atención y control suscitaba, antes del vuelco que se dio en la pandemia, era el robo y transporte ilícito en zonas de frontera como Carchi, Loja, El Oro y Esmeraldas.
En esas provincias se configuró un modus vivendi, donde se tenía identificada la participación de las comunidades y de transportistas ecuatorianos.
Salazar apuntó que se operaba bajo la modalidad de hormigueo que, con todas sus complejidades, se podía controlar y rastrear.
“Anteriormente, los actores se limitaban a la comunidad local, quienes en su momento vieron la oportunidad de una economía informal con la comercialización y sustracción de hidrocarburos”, puntualizó Salazar.
El contrabando pasaba por los múltiples pasos ilegales tanto en la frontera sur, a pesar de los esfuerzos de incautación de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, hubo un cambio estructural con el crecimiento de los grupos delictivos organizados, o los que por decreto ejecutivo se conoce como organizaciones terroristas, que han abierto su abanico de delitos a los temas hidrocarburíferos.
Ahora, quienes manejan en su mayoría los hilos de las perforaciones, el robo y el contrabando de hidrocarburos son las bandas criminales.
Así, por ejemplo, a través de informes del subsistema de inteligencia de la Policía, del sistema de inteligencia de Fuerzas Armadas y del Centro de Inteligencia Estratégica, se ha determinado que el grupo terrorista de Los Lobos, que tiene mayor incidencia en minería legal, está manejando los delitos de hidrocarburos en los sectores cercanos a los cantones con explotación minera.
“Todavía no hay conflicto entre grupos terroristas sobre el control de las tuberías y las perforaciones; pero seguimos investigando”, recalcó Salazar.
Guayaquil: centro de acopio y operaciones de delitos hidrocarbufíeros
Actualmente, donde más incidencias de perforaciones se registran es en el poliducto que va desde Esmeraldas hasta Santo Domingo; sobre todo en el tramo que va desde Santo Domingo, cruza la provincia de Los Ríos y llega hasta Guayas.
De acuerdo con Salazar, Guayaquil se ha vuelto un centro de operaciones por ser una ciudad con capacidad para el almacenamiento ilícito de hidrocarburos.
Lo propio recurre desde Manta, que tiene una línea de poliductos que va hasta Santa Elena y nuevamente retorna hasta Guayaquil, para luego distribuirse y alimentar la minería ilegal (diésel) o incluso para ir hasta Colombia y suministrar gasolina base para las plantaciones de coca.
“Los grupos de delincuencia organizada han asimilado las prácticas que se hacían hace 10 y 20 años en Colombia para formar parte de la cadena de valor de los delitos de hidrocarburos, apropiándose justamente de la modalidad de las perforaciones y el uso de vehículos de transporte pesado (tanqueros que) para ejecutar el transporte ilícito con una falsificación de guías y documentos”, aseveró Salazar.
A la red, de acuerdo con jefe de Operaciones de la UIDH, se suman estaciones de servicio en provincias como Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay, donde se desvía combustible para la minería ilegal.
Más de $80 millones en pérdidas solo en 2023
En 2023, con las 334 perforaciones, hubo un robo de 643.500 barriles de hidrocarburos, principalmente diésel. Esto significó una afectación de $81’205.000. A esto se debe añadir los costos de reparación de la tubería que se estimaron en $8’500.000.
Hasta marzo de 2024, ya se registraron 190 perforaciones, con una afectación que supera los $20’620.000.
¿Cómo frenar el crecimiento de los delitos hidrocarburíferos?
El capitán Salazar explicó que entre las estrategias que se están implementando juega un papel fundamental las preguntas de seguridad aprobadas en la consulta popular.
Además, se está trabajando en coordinación con los pares de Colombia debido a que tiene experiencia de muchos años en la evolución de los delitos hidrocarfuríferos.
“Hoy se está replicando aquí en territorio ecuatoriano, a través de una especie de especialización, la estrategia principal que se ha visto en Colombia. Estamos tomando todas las referencias y adoptando un análisis bastante interesante”, recalcó Salazar.
A la par, se está buscando crear fiscalías especializadas. La policía se está especializando junto con las fiscalías de cada territorio para darle un giro a las investigaciones.
Normalmente, lo que se pretendía era el decomiso de los vehículos y reinyección de los hidrocarburos robados a los poliductos.
“Pero ahora, lo que estamos haciendo es ampliar nuestros conocimientos justamente en el tema de las cadenas del valor del crimen organizado; identificar quién está haciendo parte de la rivalidad de estos grupos organizados; como se compone la demanda del combustible”, afirmó el capitán Salazar
Además, al tener fronteras extensas, tanto al norte como el sur, la Policía está coordinando alianzas estratégicas, que incluyen aumentar los recursos tecnológicos, con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Energía y Minas.
El jefe de Operaciones de la UIDH reconoce que existe vacíos en la normativa que impiden a la Fiscalía y a la Policía formular e investigar correctamente los delitos hidrocarburíferos, pero el enfoque actual está en “tratar de golpear las finanzas criminales a tratar de identificar los valores, hablando en términos económicos, cómo se está asentando en provincia como Sucumbios y Guayas”
También se está recibiendo asesoría de ONGs como, por ejemplo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
Los fiscales especializados son vitales para enfrentar los delitos hidrocarburíferos
Salazar recalcó que el esfuerzo por tener fiscales especializados en delitos hidrocarburiferos es vital, de la mano de la asesoría de organizaciones que les auide a sustentar y dar mayor impulso legal a los casos porque desde 2020 “no se ha logrado sentencias ejemplificadoras para estos grupos de delincuencia organizada y que sirvan de cierta manera como un ejemplo para no volver a cometer el delito. Nosotros quizás en el año 2022 fue el año que más sentencias efectivas alcanzamos, pero el nivel de procesados en cuanto a prisión preventiva sigue siendo todavía abajo”.
El jefe de Operaciones de la UIDH explicó que uno de los nudos críticos para que no se logren sentencias ejemplificadoras es que en el transporte ilícito de los hidrocarburos ya robados se utiliza a choferes y conductores contratados, que ni siquiera son dueños de los tanqueros.
Es decir, se arresta a personas involucrada en el nivel medio, pero que no son los propietarios originales
“En el momento de las audiencias, de los procedimientos de flagrancias, existe un pronunciamiento por parte de la administración de Justicia para que se proceda a devolver estos vehículos que son incautados en todos los procedimientos policiales y militares, El argumento es que se busca evitar violentar el derecho al trabajo porque esa es la justificación de este tipo de grupos de delincuencia para volver a tener los tanqueros y seguir delinquiendo”, apuntó Salazar.
Desde la Policía se está trabajando en afinar procedimientos, técnicas y protocolos para evitar que esto se siga repitiendo. (JS)
“El contrabando de combustibles se favorece por la diferencia de precios con Colombia y Perú. Todavía existe esa brecha por el tema de los subsidios y en Colombia la gasolina que es un insumo principal en la etapa de extracción de la hoja de coca y posterior la formulación de la pasta base de cocaína. Además, está el tema de la minería ilegal”, Capitán Emmanuel Alexis Salazar, jefe de Operaciones de la UIDH (Unidad Investigativa de delitos Hidrocarburíferos.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
