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La venta de los medios incautados irá atada a las reformas a la Ley de Comunicación
El Gobierno espera que las reformas a la Ley de Comunicación, que se tramitan en la Asamblea, allanen el camino para la venta de los medios incautados, cuyo manejo en el anterior Régimen es investigado por la Contraloría y la Fiscalía. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, explicó ayer que, entre los cambios planteados por el Ejecutivo, se contempla la posibilidad de que las empresas privadas puedan adquirir acciones de medios de comunicación.El funcionario ofreció que la venta se dará con transparencia y aseguró que uno de los más atractivos comercialmente es el canal TC televisión, que en el último año ha generado ganancias que bordean el millón de dólares.
En el caso de Gamavisión, Michelena reconoció que atraviesa una situación “compleja”, en la que de por medio hay 256 familias que fueron “embaucadas” por el anterior Gobierno para que compren sus acciones con un préstamo de 7 millones de dólares.
Señaló que esa empresa acumula una pérdida de 6,7 millones de dólares y que un informe de la Contraloría determinó que eso se debe a la transmisión de unas 425 sabatinas del expresidente Rafael Correa, sin ningún rédito económico.
Según Michelena, el Gobierno aspira a que “se pueda salvar el canal” a través de un proceso de repetición contra los exadministradores de esa estación televisiva, para que no corra la misma suerte del desaparecido CN Plus.
“Hay que analizar hasta las últimas consecuencias hasta dónde se puede llegar legalmente porque alguien tiene que responder”, dijo en una entrevista con Canal Uno. Además, anunció que será cerrado El Ciudadano TV, cuyas operaciones le cuestan al Estado 8 millones de dólares.
Criterios
Ruth Hidalgo, la directora de la corporación Participación Ciudadana, valoró esos anuncios. Sin embargo, acotó que en la reforma a la Ley de Comunicación todavía falta por establecer un plazo para que el Estado se separe de los medios incautados.
“Creemos que debe ser más clara la normativa respecto a la venta de los canales que están en poder del Estado, que fueron incautados, estableciéndose metas y tiempos específicos en los cuales deberían ser vendidos”, dijo.
Además, planteó que se precisen prohibiciones del uso de estos medios para fines proselitistas o electorales, y así evitar que se reediten las prácticas que hubo en la pasada administración en la que, asegura, sirvieron como una punta de lanza contra los adversarios políticos.
La misma aspiración tiene el asambleísta César Carrión, quien sostuvo que, a través de esos canales, fue víctima de “linchamiento mediático” en el anterior Gobierno, en medio de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
Su colega Jeannine Cruz, de CREO, puntualizó que primero se debe investigar cómo se ha manejado esos medios antes de que, a través de una transitoria, a las reformas a la Ley de Comunicación se obligue a la venta. (RVD)
Pronunciamiento de Corte podría tardar
Para la próxima semana, el Gobierno planea solicitar oficialmente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos una “opinión consultiva” en torno a la enmienda inconstitucional impuesta por el correísmo, que concibe a la comunicación como un servicio público y no como un derecho.
Daniela Salazar, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, expresó que el tema puede tardar “algunos meses”. Apuntó que esta “no es una cuestión automática”, sino que requiere que el Estado tenga la voluntad de adecuar su Constitución a los tratados internacionales. Ayer ella acudió con sus aportes a la Asamblea.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
