Es que la póliza actual de Sucre, que fue una extensión a la anterior existente, pone al menos tres limitantes en la cobertura, en tres áreas clave. Y además advertía la necesidad de analizar las condiciones, en una posible nueva firma de contrato. Sucre indicaba “después de esta prórroga los reaseguradores se reservan el derecho de analizar los términos y condiciones a aplicar para un nuevo periodo, de acuerdo con la realidad del riesgo y las posiciones de los mercados de reaseguros”.
En primera instancia, dice que no se cubren pérdidas, daños e interrupción de negocios que surjan directa o indirectamente de enfermedades infecciosas o contagiosas.
En segundo término tampoco se cubren pérdidas cibernéticas, relacionado con todo lo que tiene que ver con los equipos, red informática, acceso a procesamiento, transmisión, almacenamiento o uso de cualquier dato.
Finalmente, y lo más complejo para el activo estatal, la póliza dice textualmente que se excluyen todos los posibles daños derivados del fenómeno denominado erosión regresiva o daños a consecuencia de la crecida del río Coca. La erosión regresiva avanza y Celec ha debido aplicar una serie de medidas temporales y definitivas para intentar detener el avance hacia las obras de captación de la hidroeléctrica. Estas se calculan en un costo de $ 97 millones.
Adicionalmente, Celec EP presentó ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Santiago de Chile, una solicitud de arbitraje en contra de Sinohydro, el 17 de mayo pasado, con respecto a la controversia existente, principalmente por el estado de los distribuidores de la central Coca Codo. Existen más de 7.000 fisuras en ese sector, lo cual impediría el buen desempeño de la operación.
Celec EP espera que el tribunal arbitral ordene que Sinohydro corrija en forma definitiva todos los defectos de los distribuidores, a total costo de la empresa china y le ordene el pago de los perjuicios ocasionados a Celec.
Entre tanto, de acuerdo con el exlegislador Galo Lara, es importante poder realizar una auditoría forense internacional a Seguros Sucre, a fin de determinar la ruta del dinero que se manejó en coimas y sobornos. Aseguró que en el gobierno de Rafael Correa existía una oficina de Seguros en Carondelet, en la cual se acordaban estas operaciones. Recordó que Juan Ribas Domenech era asesor de Correa y fue directivo de la aseguradora estatal. (I)
