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Fiscalía ya investiga peculado vinculado al secuestro de Balda
Podría haber la presunción de peculado. Hay que analizar la información”. La declaración de la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, abriría un nuevo escenario para el expresidente Rafael Correa y el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero. Ellos fueron llamados a juicio como autores del delito de secuestro del político Fernando Balda, junto a los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Ayer, la Fiscalía confirmó, en un documento, que “ha dispuesto la apertura de investigaciones por presunto peculado y fraude procesal”, aunque sin determinar contra quiénes.
El peculado, según el Código Penal, se produce cuando los servidores públicos, en beneficio propio o de terceros, disponen arbitrariamente de dinero público.
La presunción de esta infracción, en el caso del secuestro de Balda, radicaría en que para el plagio, hecho ocurrido el 13 de agosto de 2012, se habría utilizado el presupuesto de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
La Contraloría realizó un examen a la cuenta de fondos públicos permanente de gastos especiales a cargo del secretario nacional de Inteligencia, donde se anexan gastos de operaciones como ‘Los 10 más buscados’, ‘Secuestro’ y ‘Hotel’, por un monto de 43.300 dólares.
Además de los cheques 559 y 560, por montos de 10.000 y 11.280 dólares, cobrados por Chicaiza. Este informe encontró indicios de responsabilidad penal y fue usado por la Fiscalía como elemento de convicción para pedir que se llame a juicio a Correa, Romero y los exagentes.
La necesidad de que se investigue ese tipo penal sale también desde la defensa de Balda, que presentará la próxima semana una denuncia en contra de Correa y Romero por el delito de peculado. “Toda vez que se ha demostrado que utilizaron recursos del Estado para contratar una banda criminal para ejecutar mi secuestro, presentaremos la denuncia”, dijo el político.
Consecuencias
Correa y Romero están prófugos de la Justicia. De acuerdo con el Código Penal vigente en la fecha del cometimiento del delito, el plagio tenía una pena de entre seis y nueve años de prisión, cuando la víctima sufría malos tratos, como en el caso de Balda. En función de ese artículo, los dos podrían estar prófugos por hasta nueve años, si no se entregan para enfrentar su juicio o son capturados.
Sin embargo, con el principio de favorabilidad, se aplicaría el Código actual, que establece una pena de cinco a siete años, por lo que podrían regresar al país tras ese tiempo. Sin embargo, en el escenario de que se dé un proceso por peculado, al ser este delito imprescriptible, no podrían regresar al país nunca, sin ser apresados a su ingreso.
“Si ya se ha demostrado su participación, es momento de que la Contraloría, con absoluta responsabilidad y ya teniendo elementos, analice cuánto dinero se ha destinado para contratar secuestradores, pasajes aéreos, ropa, para realizar este secuestro”, explicó el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, quien sostiene que “para cometer el secuestro tuvieron que haber cometido peculado, que es un delito absolutamente autónomo”. (AGO)
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