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Fiscalía investiga participación del contralor Pablo Celi en al menos otros tres hechos por los que se abrieron investigaciones previas

Cerca de dos meses y medio lleva abierta la instrucción fiscal por delincuencia organizada en el que son procesados el contralor Pablo Celi y doce personas más.

“A lo largo de estos dos meses de investigación la Fiscalía General del Estado ha logrado tener acceso, y aún lo continúa haciendo, a nueva evidencia relacionada con el caso (Las Torres) y también hemos logrado llegar a tener información relevante que desprendería otras conductas penales y que ahora mismo ya forman parte de otras investigaciones”.

Con esa introducción, la fiscal general, Diana Salazar, confirmaba en la última audiencia relacionada al caso por delincuencia organizada, denominado Las Torres, que el contralor subrogante, Pablo Celi, uno de los trece procesados en esa causa penal, era parte de tres investigaciones previas por hechos que generarían delitos como tráfico de influencias y contra la eficiencia de la administración pública.

La primera investigación previa se habría iniciado por una denuncia de Cumandá Guevara, viceprefecta de Pastaza, quien, según Fiscalía, habría dado cuenta de actividades ilícitas que se cometen dentro de la Contraloría General del Estado (CGE), en momentos que su cabeza era Pablo Celi.

Guevara habría denunciado los hechos durante una versión libre y voluntaria que entregó en el caso Las Torres, el 3 de mayo pasado. En la misma se habrían mencionado hechos ocurridos en 2019 en los cuales estarían involucrados funcionarios de la CGE, como Celi, y otras personas naturales.

La denunciante sostendría que Celi tenía conocimiento de los pedidos de dinero que hacía un funcionario de la CGE para supuestamente emitir un informe que dejaría fuera del cargo al prefecto de Pastaza. Junto a la versión, la viceprefecta entregó a la Fiscalía un audio en el que grabó al funcionario de la Contraloría, quien, como emisario, le citó en Quito para arreglar lo que le solicitaban.

Por otra parte, la fiscal Salazar indicó que la denuncia de Gonzalo Alulima Granda dio inicio a otra investigación previa ante un posible tráfico de influencias. Lo dicho en versión ante la Fiscalía por Alulima, exgerente de un proyecto hídrico en la provincia de Chimborazo, referiría el modus operandi que existía en la Contraloría para otorgar beneficios a terceros y cometer irregularidades en ciertos trámites.

Tanto Guevara como Alulima coincidieron en sus versiones en que ellos intentaron hacer conocer de las denuncias de irregularidades al contralor subrogante, pero que él supuestamente no los atendió pese a la insistencia y a la gravedad de los hechos.

El juez de la Corte Nacional Felipe Córdova, quien está a cargo del caso por delincuencia organizada, resumía la teoría de Fiscalía señalando que lo que se investiga es una estructura que operaba desde la CGE, la Presidencia de la República y Petroecuador, a través de funcionarios públicos y funcionarios particulares, entre ellos empresarios, quienes se dedicaban a cometer varias infracciones por medio de pagos indebidos a personas que ejercían poder en dichas instituciones para que se desvanezcan glosas en perjuicio del Estado ecuatoriano.

Finalmente, Salazar habló de que se mantiene abierta una investigación previa por lo que significaría un delito contra la eficiencia de la administración pública relacionada con el desvanecimiento de una glosa sobre la “empresa Conecel o Claro”.

Dentro del análisis de este caso, la Fiscalía tendría un chat del 25 de marzo pasado dado entre Celi y Daysi Guevara, experta supervisora de Resoluciones de Responsabilidades Civiles en la CGE.

Salazar en audiencia leyó el contenido del mensaje en el que Guevara le dice a Celi: “Señor contralor, jamás me atrevería a decir nada absolutamente de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, aun en el caso de Claro, que sé que está en la Fiscalía. Tenga la plena seguridad de que solo diré que usted jamás ordenaría algo en contra de la ley”.

Ese mensaje respaldaría lo dicho en versión, el 3 de mayo último, por Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad de la Contraloría, quien señaló que en enero de 2019 se le asignó el expediente relacionado a “Arcotel, Conecel, Claro”, en el que existía un proyecto de resolución que “predeterminaba una glosa civil de cerca de $ 112 millones”.

Villavicencio dijo que desde autoridades de la CGE se le ordenó que desvaneciera esa glosa, orden a la que no dio paso y por la que no solo se le cambió a otra Dirección, sino que originó le cancelen el nombramiento provisional que mantenía. De estas irregularidades habría tenido conocimiento Pablo Celi, apuntó Villavicencio, quien reconoció haberse enterado de que la glosa contra la operadora telefónica fue desvanecida.

Respecto a la denuncia por un supuesto desvanecimiento de glosa a la operadora de telefonía, el abogado de Celi, Marcelo Ron, señala que más allá de lo que digan las versiones, debe existir la prueba documental, un peritaje, la constancia que justifique lo que se dice. “En el presente caso no existen las constancias que justifiquen tales hechos. (…) Es gente resentida que tiene una parcialidad, que tiene otros objetivos”.

Además, sobre Daysi Guevara, quien fue supervisora de Nelson Villavicencio en la glosa que predeterminaba la glosa civil de $ 112 millones, Ron afirma que en una versión dada a la Fiscalía, ella negó el contenido de ese chat al decir que Pablo Celi nunca le ha sugerido, le ha pedido o le ha solicitado que haga una u otra gestión.

La fiscal general puso en tela de duda la aseveración de Guevara sobre que no ha recibido ni órdenes ni disposiciones, pues todas las versiones a las que acudió la defensa del contralor, para desvirtuar los elementos que originaron su prisión preventiva, corresponden a exfuncionarios y funcionarios de Contraloría que eran de confianza y tenían mucha cercanía con Celi. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com