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Fiscalía identifica el patrón usado por la ‘organización criminal’ que operó en el caso Las Torres para el desvanecimiento de glosas

Ahora son quince personas, entre exfuncionarios y empresarios, las investigadas por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres.

El establecimiento de la glosa, pago a través de una compañía de terceros el beneficio y el desvanecimiento de la glosa, sería el patrón que identificó la Fiscalía habría usado la ‘organización criminal’ que operó, entre el 2017 y 2020, con la dirección de las “más altas esferas del poder” que controlaban la Contraloría General del Estado (CGE), Petroecuador y la secretaría general de la Presidencia de la República.

El objetivo de esta estructura investigada por el delito de delincuencia organizada, bajo el denominado caso Las Torres, según la fiscal general, Diana Salazar, era obtener recursos de manera ilícita a través de un mecanismo de desvanecimiento de glosas, de beneficio económico y de permitir que se efectivicen o paguen facturas por parte de las empresas como la estatal de petróleos, Petroecuador.

Luego de la muerte del exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones mientras cumplía en este proceso la orden de prisión preventiva ordenada en la Cárcel 4, en Quito, en la causa quedaron siendo investigadas trece personas, entre ellas, el ahora excontralor subrogante, Pablo Celi, su hermano Esteban; Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretario de Presidencia; y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.

Desde el viernes último, esa cifra se incrementó a quince con la vinculación de Martha Barrezueta y del exgerente de Refinación de Petroecuador, Mauricio Orellana.

Fiscalía investiga en este caso el desvanecimiento de seis glosas que suman más de $ 13 millones, las cuales están relacionadas con la empresa proveedora de servicios petroleros Nolimit C. A.

En la audiencia en la Corte Nacional en la que se analizaba la revocatoria de la prisión preventiva solicitada por Celi y que le fue negada, Salazar le pedía al juez Felipe Córdova poner atención con las fechas de establecimiento de las glosas relacionadas con Nolimit y del posterior desvanecimiento.

Para la fiscal, en ello se revelaba la línea de tiempo en la cual hay una relación entre el momento que se impone la glosa, se hace el pago, por ejemplo, dijo, a la empresa Monay, y se desvanece la glosa. “Así operaba esta organización”, resaltaba.

Salazar aseguraba tener en su poder evidencia documental relacionada con las resoluciones de desvanecimiento de las seis glosas de Nolimit, realizadas, aclaraba, por disposición y solicitud de Pablo Celi y suscritas por los funcionarios de la CGE, Luis Miño y Nelson Dueñas. Con esto se confirmarían las versiones rendidas por Miño y Dueñas, las cuales son parte de un expediente que alcanza ya los 400 cuerpos.

Información de la Fiscalía refleja que las seis glosas relacionadas con la empresa Nolimit se emitieron desde la Contraloría General entre el 21 enero de 2017 y el 27 de agosto de ese mismo año. Mientras que todas fueron desvanecidas entre el 27 de agosto y el 19 de septiembre de 2018.

La fiscal Salazar aseguró que se ha incorporado al expediente evidencia pericial, basada en la materialización de la asistencia penal internacional 464 llegada desde Estados Unidos, que revela pagos realizados desde la empresa Monay a la cuenta del también procesado Pedro Saona, pero cuyo destino final eran los hermanos Esteban y Pablo Celi, con el fin de proceder a desvanecer las glosas relacionadas con Nolimit.

Del expediente también serían parte una serie de documentos que confirmarían la teoría de que antes de desvanecer una glosa de Nolimit, la organización requería un pago previo.

Para Manuela Celi, hija del excontralor, hay dos temas fundamentales que deben existir para probar un delito de delincuencia organizada: la trazabilidad del dinero, que hasta ahora, afirma, no ha sido probada de ninguna manera contra su padre y cree que es difícil se pruebe si ya habrían revisado todas sus cuentas e incluso conocen sus deudas; y las conexiones, pues, explica, debe haber una conexión reiterada para que haya un delito como este, cosa de la que, sostiene, no habría en ninguna de las informaciones entregadas la evidencia de esa conexión.

Un esquema similar habría sido ubicado por la Fiscalía General en un caso que incluiría a la empresa China CAMC Engineering, la cual habría transferido $ 1′335.985 a la empresa LegalCont LLC., pero los recursos tenían como destino el excontralor Celi y su hermano Esteban, quien estaría relacionado con LegalCont.

Sobre este caso, la Fiscalía habría comparado la información llegada como asistencia penal desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la documentación entregada por la Contraloría de Ecuador. Ahí se habría evidenciado el mismo accionar: existió una transferencia de $ 1,3 millones desde la empresa China CAMC, el 18 de junio de 2019, y se desvaneció, por ejemplo, una glosa por $ 9,9 millones, el 1 de octubre de 2020.

“Nuevamente podemos encontrar y evidenciar el patrón: establecimiento de glosa, pago a través de una compañía de terceros el beneficio y el desvanecimiento de la misma”, sostenía Salazar en la audiencia de revocatoria en la que refirió está convencida de que no se han desvanecido los elementos que existen contra el contralor Celi y otros de los procesados, sino que más bien la situación jurídica de todos se ha complicado en estos casi tres meses de instrucción fiscal.

La defensa de Pablo Celi, Marcelo Ron, defiende la idea de que su cliente no ha recibido ni un solo centavo de los hechos que investiga la Fiscalía y para confirmarlo indica que así lo revelan los informes de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Superintendencia de Bancos que son parte del expediente y que no reportarían movimientos inusuales en las cuentas del ahora excontralor.

En lo que respecta a los $ 1.3 millones de los que habla la Fiscalía fueron depositados a los hermanos Celi a través de LegalCont, Ron explica que si existe un “swift” de eso, pero aclara que su cliente no conoce a la compañía a la que se le deposita esos recursos, ni es parte de la misma y tampoco existiría un solo documento que evidencie que esa compañía sea de él o que desde esa compañía le entregaron o transfirieron algún valor.

De esos recursos depositados en las cuentas de LegalCont, asegura Ron, debe responder la compañía, sus funcionarios y sus accionistas.

El abogado Marcelo Ron contó que la Fiscalía ya tiene en sus manos la asistencia penal internacional llegada desde Estados Unidos, en donde se hizo un estudio minucioso y objetivo de las cuentas de las personas que están siendo investigadas en el caso Las Torres, y además la institución estaría pidiendo un informe a Panamá. En ambos casos, apunta, se demostrará que no hay ninguna cuenta o compañía ni nada en contra de Pablo Celi. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com