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Fiscal subrogante no descarta investigación de otros delitos en caso Odebrecht

Quito -Pese a que se ha iniciado un proceso por asociación ilícita en el caso Odebrecht, dentro del que están siendo procesadas seis personas, entre ellas, Ricardo R. tío del vicepresidente de la República, Jorge Glas, eso no significa que otros tipos penales quedarán en la impunidad, indicó esta mañana la fiscal general subrogante, Thania Moreno.

Es la respuesta de Moreno ante cuestionamientos de la asambleísta Mae Montaño (CREO).

La mañana de ayer, la asambleísta Montaño, antes de presentar en la Fiscalía un pedido formal de información para que se le entregue la lista completa de los implicados en el caso Odebrecht, señaló no entender por qué si se hablaba desde Fiscalía que en este caso existe un delito de delincuencia organizado, el cual tiene una pena mayor, la fiscal Diana Salazar solo acusó a los seis procesados por asociación ilícita.

Moreno, quien acudió en reemplazo del fiscal General Carlos Baca, pues este se encuentra en Brasil recolectando pruebas y testimonios dentro del caso Odebrecht, aclaró que en la audiencia de formulación de cargos, realizada la madrugada del sábado último, se actuó con los elementos que tenía en ese momento la institución.

El pronunciamiento de la fiscal subrogante se dio en el marco de la primera reunión de la Mesa de Justicia con las autoridades recientemente electas y designadas de nueve instituciones que tiene que ver con el área de justicia.

Luego de la reunión, el presidente de la Mesa de Justicia, Gustavo Jalkh, quien es presidente del Consejo de la Judicatura, junto al ministro del Interior, César Navas, y la representante de la Fiscalía General del Estado aprobaron el Instructivo de Seguridad Individual para jueces y agentes fiscales de carrera de la Función Judicial.

Según Jalkh, este protocolo servirá para brindar seguridad a jueces y fiscales que llevan procesos delicados de crimen organizado, narcotráfico y casos de lucha contra la corrupción, que afecten a la eficiencia de la administración pública (peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión), al régimen de desarrollo (enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria), entre otros.

Lo que se busca, apuntó el titular del Consejo de la Judicatura, es proteger a los funcionarios de ataques o posibles presiones que provoquen que cambien sus criterios judiciales. Diana Salazar, la fiscal que lleva el caso por asociación ilícita en el caso Odebrecht, es una de las beneficiarias de este tipo de seguridad. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com