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Falta de informe para caso Consejo de Participación genera controversia en la Asamblea
La falta de un informe para el juicio político en contra de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) mantiene criterios divididos entre las fuerzas políticas de la Asamblea.El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela (ind.), defendió este miércoles 16 de noviembre de 2022 la resolución con la que 84 asambleístas, en su mayoría del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), resolvieron ejecutar este proceso.
Saquicela manifestó que los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, ya fueron convocados para la interpelación, que se dará este viernes 18 de noviembre, a partir de las 14:30, en el Pleno.
Los consejeros deberán defenderse de las acusaciones de incumplimiento de funciones que se centran en dos causales: el cambio del reglamento para designar al nuevo Contralor General del Estado y una falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
Saquicela adujo que en la convocatoria se les remitió toda la sustanciación de esta causa, que por más de un mes tuvo lugar en la Comisión de Fiscalización. Insistió en que el informe donde se recomendaba la interpelación de los siete consejeros fue entregado fuera del plazo.
“Sobre eso se trabajará, sobre esa consideración, sobre ese conocimiento. Al haber ya una resolución de que se ha convocado a los cuatro, lo procedente es de que cada uno exponga, que haya la interpelación”, expresó.
Saquicela responsabilizó a la Comisión de Fiscalización de haber unido “peras con manzanas”, al unificar las solicitudes de juicio político que fueron presentadas por separado.
La solicitud que será tramitada por el Pleno fue presentada en contra de la mayoría del Cpccs por Mireya Pazmiño y Ángel Maita, del ala radical de Pachakutik, quienes votan con el correísmo.
En cambio, la mayoría del Pleno resolvió archivar la otra solicitud de interpelación contra los siete consejeros, que fue presentada por Ricardo Vanegas y José Chimbo, también de Pachakutik, por la remoción de Fausto Murillo como vocal de la Judicatura.
Cuestionamientos
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, señaló que la decisión se tomó en el Pleno sin conocer el expediente con las pruebas de cargo y de descargo, ni debatir las causales. “Se está violando flagrantemente la ley”, dijo.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, aseguró que presentará su excusa para no participar del juicio político. A su criterio, el procedimiento viola el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución, sobre el principio de legalidad, es decir, que todas las personas puedan ser juzgadas por procedimientos preestablecidos.
Adujo que, en este caso, se debía aplicar los procedimientos propios de un juicio político, previstos en los artículos 78 y 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y no el último inciso del artículo 142 que invocó la mayoría parlamentaria, después de haber anulado el informe de la Comisión.
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