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Expertos declaran la necesidad de una Ley de Inteligencia
Tras el anuncio presidencial de cerrar la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), creada por su antecesor Rafael Correa y calificada por opositores como oficina de espionaje político, cobran importancia los elementos que deberían guiar una Inteligencia compatible con un Estado Democrático y con un régimen de Derecho, donde la Inteligencia pueda servir para optimizar la seguridad nacional. Más aún, ante la situación que se vive en Esmeraldas, azotada desde el mes pasado por ataques terroristas.
En criterio del experto en temas de seguridad Fredy Rivera, lo sustancial es avanzar hacia una Ley de Inteligencia, donde se establezcan controles cruzados, estándares que garanticen el profesionalismo, perfiles técnicos adecuados y proyección estratégica.
Si bien él cree que el sistema debe depender de la Presidencia de la República, también ve la necesidad de pesos y contrapesos desde los otros poderes del Estado. Es común que los sistemas de inteligencia de ciertos países rindan cuentas a comisiones especializadas de los parlamentos.
La experta mexicana Bárbara Cedillo considera que “los servicios de inteligencia civil en países democráticos deberían tener como principal propósito el defender los intereses fundamentales del país”, lo cual contrasta con el espionaje político a periodistas, críticos, activistas y opositores al Régimen.
Pero, en su opinión, siempre existe el riesgo del manejo político. “Los servicios de inteligencia son tan buenos o tan malos como los sistemas políticos que los usan. Al final del día, una agencia de inteligencia va a hacer lo que le pidan. En este sentido, las agencias de inteligencia no son el problema, sino los políticos”, dice.
Contexto y análisis
En ese sentido, agrega, es crucial no generar espacios de discrecionalidad que violen los derechos de las personas, consecuentemente no se puede confundir el trabajo de los servicios de Inteligencia con el de la Fiscalía, pues es ella la encargada de investigar y perseguir delitos, de acuerdo con las normas legales y los permisos judiciales. Explica que las intercepciones telefónicas resultan ilegales en la medida en que no provienen de jueces y no se dan dentro de investigaciones de la Fiscalía.
Cedillo aclara que lo anterior no impide que se cumpla con “el propósito de la inteligencia civil, que es darle elementos de decisión a las autoridades sobre temas específicos de seguridad nacional (terrorismo, grupos armados, grupos guerrilleros, etc.)”, lo cual en situaciones específicas del mundo ha implicado incluso que servicios de inteligencia deban “neutralizar a agencias de inteligencias extranjeras en territorio nacional y llevar a cabo contrainteligencia para evitar que los secretos de Estado acaben en manos de personas ajenas”. (MMD)
Fuente:http://www.lahora.com.ec
