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Exgerente de Petroecuador es investigado en caso Las Torres por ser quien cumplía los pactos hechos por los líderes de la ‘estructura delictiva’

Mauricio Orellana y Martha Barrezueta fueron los dos últimos vinculados al caso en el que la Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada.

Pese a que el exgerente de Refinación y exordenador de Gasto de la EP Petroecuador, Mauricio Orellana, aseguró en su versión dentro del caso Las Torres que recibió presiones de José Raúl de la Torre, familiar del excontralor Pablo Celi, para agilitar los trámites de pago de la empresa Nolimit C. A., el fiscal general subrogante Wilson Toainga dice que no existe ningún rastro de que esas presiones fueron denunciadas a las autoridades judiciales o a sus superiores en Petroecuador.

Más bien para él existen los elementos de convicción suficientes de la participación de Orellana en calidad de autor directo del delito de delincuencia organizada y por ello solicitó se lo vincule al caso Las Torres. El juez de la Corte Nacional de Justicia que estuvo a cargo de la audiencia de vinculación, Javier de la Cadena, accedió al pedido y le ordenó la medida cautelar de prisión preventiva.

El fiscal Toainga daba a conocer al juez los trece elementos de convicción que mantenía contra Orellana y que revelaban que él fue el encargado de cumplir los pactos hechos por los líderes de la “estructura delictiva” con la empresa Nolimit C. A., que él se había saltado los procedimientos preestablecidos en su calidad de ordenador de gasto y se aprovechó de su cargo para retrasar indebidamente el pago de planillas para luego exigir comisiones.

Orellana fue vinculado al proceso penal por delincuencia organizada junto con Martha Barrezueta, esposa del empresario Roberto Barrera, quien fue sentenciado en 2019 en Estados Unidos por haber sido parte de una red de corrupción en Petroecuador que operó entre 2018 y 2019. Como parte de esa misma trama fue sentenciado Raúl de la Torre, quien en ese momento era funcionario de Petroecuador.

Mauricio Orellana fue puesto en el cargo en febrero de 2019 por el exgerente de la estatal petrolera y también procesado en el caso Las Torres, Pablo Flores, y fue el ordenador de gasto con respecto a las obligaciones de Petroecuador con Nolimit. Según la Fiscalía, Orellana desde su cargo direccionó y agilitó los pagos de Nolimit, todo a conveniencia de la organización o a pedido de De la Torre.

Los elementos de convicción presentados por Toainga apuntan a que Orellana en el ejercicio de sus funciones como ordenador de gasto facilitó el pago de ocho facturas a Nolimit por $ 35,6 millones entre febrero y octubre de 2019. La información fue entregada por Petroecuador y Pedro Crespo, gerente general de Nolimit, e incluiría una factura de mayo de 2019 por un pago de $ 22,7 millones por concepto de planilla de liquidación de obligaciones.

Orellana también fue nombrado en las versiones dadas por el gerente de Nolimit. Por ejemplo, en una de las ampliaciones de versión, Crespo dijo que cuando Orellana estaba como gerente y era el ordenador de gasto y responsable del pago a Nolimit, “se realizó la arbitraria e indebida retención de pagos de planillas”.

Crespo también habría entregado a la Fiscalía un dispositivo electrónico con el cual confirma que recibió una llamada de un ingeniero, “quien le comentó con vergüenza” que Orellana le instruyó que le dijera que si quería la planilla 17, la cual sobrepasaba los $ 1,8 millones y que había sido injustamente retenida por varios meses, “debía dar una comisión por la ayuda”. Crespo se había negado al pedido.

“Toma mayor importancia lo dicho en versión por Pedro Crespo acerca del dispositivo entregado en el cual se evidencia se solicita una comisión para liberar la planilla 17, lo cual contraviene la corrección con la que debemos actuar todos los funcionarios públicos en ejercicio de una obligación que nos da el Estado”, apuntó Toainga, quien remplazó en la audiencia del 9 de julio pasado a la fiscal general Diana Salazar.

Según Fiscalía, Orellana como ordenador de gasto habría colaborado con los líderes de la organización en determinadas ocasiones para que se agiliten los pagos de planillas a favor de la empresa Nolimit, colaboración que se evidenció, apuntó Toainga, cuando se habrían efectuado pagos sin contar con la documentación necesaria bajo la consigna de que “se necesitaba aprobarlo ya”.

Como elemento de convicción en audiencia contra Orellana se presentó una parte de la versión de Alexandra Morillo, quien en 2019 estuvo en la gerencia de Refinación de Petroecuador. La mujer recordó que en dos ocasiones le pasaron las carpetas de Nolimit para pagos de planillas por parte de Orellana, no siendo, dijo, competencia de esa instancia pronunciarse para el pago.

Pese a ello habrían hecho la revisión de la documentación y en una ocasión indicaron que la documentación estaba incompleta. Posteriormente la versionante indicó que se enteró de que sí se realizó el pago, pese a las observaciones. En otra ocasión se le habría remitido la documentación para la revisión en horas de la mañana, pero en horas de la tarde el gerente de Refinación se la requirió, indicando que “necesitaba hacer la aprobación ya”.

Esteban Ballesteros, abogado de Orellana, criticó a la Fiscalía por decir que su cliente agilitó los pagos de la empresa Nolimit a pedido de los líderes de la organización. Desde su óptica, se encuentra a una serie de funcionarios públicos con cargos formulados en esta causa, a quienes Fiscalía identificaría como líderes de la organización, pero no se ha individualizado o establecido qué persona o qué personas habrían podido realizar estos pedidos a Orellana para que se lo pueda considerar dentro de esta trama de corrupción.

Para Ballesteros los elementos de convicción presentados por el fiscal Toainga en audiencia no se relacionan de ninguna forma con una conducta ilegal o el cometimiento de un ilícito. Él asegura que muchos de esos documentos presentados por Fiscalía lo que demuestran es que se tenía que cumplir una serie de procedimientos administrativos dentro de Petroecuador, los cuales se han verificado y cumplido, a tal punto que, aclaró, Petroecuador no ha demandado un pago no debido a la empresa Nolimit.

Respecto a la comunicación entregada en una flash memory por Pedro Crespo, Ballesteros explica que el diálogo expuesto por el fiscal Toainga no es con su defendido y no es Orellana quien hace la supuesta exigencia.

“Es otra persona a quien ha individualizado Fiscalía, a quien no ha llamado a una audiencia de vinculación y quien estaba haciendo exigencias a estas personas. Se están tomando el nombre de mi defendido y no se le ha llamado a rendir versión y no se ha corroborado ninguno de estos hechos”, explicó Ballesteros, quien de momento se encuentra a la espera de que se realice una audiencia de apelación de la prisión preventiva ordenada en contra de Orellana. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com