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Exfuncionarios del Ministerio de Justicia deben ser evaluados
Hasta ahora lo único certero sobre la supresión del Ministerio de Justicia son las dudas que mantienen diferentes sectores de qué pasará con el sistema penitenciario del país y si se evaluará la gestión de los siete exministros, cuestionados por las irregularidades en las cárceles y por una supuesta presión en procesos judiciales.
Hace una semana, el presidente, Lenín Moreno, anunció que el Ministerio sería suprimido. Días después Rosana Alvarado presentó su renuncia para “facilitar esta transición”. Con eso se refiere a que las competencias deberán ser trasladadas a otras instancias del Ejecutivo, que todavía no se confirman.
Evaluación
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos fue creado por el expresidente Rafael Correa el 14 de noviembre de 2007. Desde ese año pasaron por ahí allegados al correísmo: Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, José Serrano, Johanna Pesántez, Lenín Lara, Ledy Zúñiga y Rosana Alvarado.
La cartera asumió las competencias de la rehabilitación social después de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que esta no podía ser controlada por entidades policiales, explicó el experto en Derechos Humanos, Harold Burbano.
Esa decisión de establecer en una entidad con enfoque de DD.HH. “fue adecuada”, agregó la abogada y profesora de la Universidad San Francisco, Daniela Salazar. Sin embargo, los dos coinciden en que las prácticas durante los 11 años de su funcionamiento no fueron las adecuadas.
“No fue una gestión perfecta”, dijo Burbano al referirse, por ejemplo, a la “tortura y violencia” por la Policía en contra de los presos en las cárceles, como la registrada en Turi en 2017, la supresión de los registros de faltas disciplinarias de los guías penitenciarios, los asesinatos y fugas de reos.
Mientras, el politólogo César Ulloa considera que “hubo transgresiones a los Derechos Humanos”, y que al contrario de su objetivo, el Ministerio entorpeció los procesos de investigación. “Hay denuncias de maltrato; hasta ahora no se resuelve el asesinato de (Óscar) Caranqui en una cárcel de máxima seguridad, está el caso (del general Jorge) Gabela”.
Tampoco se superó el hacinamiento. Hasta el 2 de agosto se registró un total de 38.023 presos, lo cual representa un aglomeración de alrededor del 37%, según informó Alvarado al dejar el Ministerio, que ahora está encargado a Paúl Granda.
También “muchas veces se utilizó el Ministerio de Justicia para poner una influencia indebida en ciertas cortes”, además de que “estaba más impulsando un proyecto político, que cumpliendo sus funciones”, recalcó Salazar.
Por eso, los expertos insisten en que debe existir una rendición de cuentas de quienes estuvieron al frente y una evaluación. “No solo es cuestión de cerrar, es de hacer una evaluación por parte de Contraloría, del Consejo de Participación, de Fiscalía, de ser el caso”, señaló Ulloa.
¿Qué pasará?
Todavía no está claro a dónde irán las competencias del sistema penitenciario. Se ha hablado de que se inscriban en el Ministerio del Interior, cosa que para los expertos sería un error. Si bien Ulloa considera que no es necesaria la existencia de la Cartera, cree que la rehabilitación social debe incluirse en el sector social.
Salazar, al contrario, insiste que no existe una instancia en el Ejecutivo que pueda asumirlas. “Es un error desmantelar el Ministerio de Justicia. Se requiere de una visión distinta que no la puede dar ninguno de los ministerios actuales”. Por esto, considera que aunque pasara como subsecretaría o viceministerio del Interior no podría tener un enfoque de derechos porque se priorizará el control y la seguridad.
Burbano coincide en que debe crearse una institucionalidad propia, que sea autónoma porque no es compatible con el sector social ni el Ministerio del Interior, pero que de manera transitoria podría inscribirse allí estableciendo una independencia entre la formación de los policías y los guías penitenciarios. (AGO)
Fuente:http://www.lahora.com.ec
