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Estado de excepción en cárceles: un ‘paliativo’ sin resultados

Desde hace dos días rige el estado de excepción en los 53 centros de rehabilitación del país. Debido a las muertes violentas -en lo que va del año suman 22- y los enfrentamientos de bandas delictivas se tomó la medida. Por orden presidencial durará 60 días y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional darán apoyo.

Los militares controlarán el tráfico de armas, municiones y explosivos en las vías de acceso a los centros. La Policía fortalecerá los controles en el primer filtro de ingreso.

No es la solución

El estado de excepción en las cárceles no es nuevo. Entre mayo y agosto de 2019 también se lo decretó. ¿Los resultados? “ninguno”, responde el coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del ejército nacional.

Para él, no se podrá controlar las bandas mientras la estructura carcelaria “esté viciada”. Pazmiño indica que existe una falta de control, profesionalismo, ética y precaria selección de guías y administradores que no permite ‘cortar de raíz’ los problemas que aquejan al sistema.

Con Pazmiño concuerda Daniel Pontón, catedrático universitario experto en seguridad, quien califica las estrategias de trabajo en las cárceles como ‘paliativas’, que una vez que termine el estado de excepción todo volverá a lo de antes.  “Es una especie de crisis repetitiva que estamos evidenciado. Las crisis se relacionan a un tema de limitación de recursos”, agrega.

Falta de todo

Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), señala que hay 37.500 presos en 53 cárceles a nivel nacional.

Según la norma internacional, por cada 10 reos debe haber un guía penitenciario, es decir, con este parámetro en el país tendrían que existir 3.750 guías. Sin embargo, Pontón dice que debería ser 6.000, debido a la variabilidad de población penitenciaria.

Lo cierto es que hay 1.477 guías penitenciarios, lo que representa un déficit del 57,8%: hay un agente por cada 25 presos, más del doble de lo que dicta la norma.

A la falta de personal se suma, indica Pontón, la falta de equipos tecnológicos para control de llamadas y armas. “Inversión que no es cuantiosa y que sin esto se complejizan las acciones del Estado”, explica el experto, quien recuerda que, si esto no se hizo el año pasado, menos ahora, por la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

El estado de excepción de 2019 duró tres meses y le costó al país $20 millones. Con ese presupuesto, declaró en una entrevista pasada con LA HORA, Moncayo, se realizaron mejoras de infraestructura, alimentación y equipamiento.

Nada de esto ha frenado la violencia en las cárceles, que según los expertos es, un problema interno y externo.

Clasificación por peligrosidad

Los análisis posteriores al ingreso de un preso también son deficientes, indica Pontón.

Las cárceles cuentan con pabellones de mínima y máxima seguridad, en las que se ubican a los infractores dependiendo del delito. Un condenado por asesinato o violación va a máxima y alguien que ha estafado o robado un celular a mínima.

Pero el comportamiento debe evaluarse conforme pasa su ciclo de adaptación, para determinar el nivel de riesgo de cada individuo, a través de perfiles psicológicos que se deben hacer tanto a presos como a agentes.

Para esto, es fundamental, agrega Pazmiño, que el Ministerio de Gobierno, refuerce las cárceles con Unidades de Inteligencia Penitenciaria especializada, que con reforzamiento tecnológico “sean los ojos de lo que pasa”. “Sin estos componentes podemos pasarnos décadas realizando este sinnúmero de estados de excepción que no tendrán objeto”, dice el experto. (AVV)

‘Megabandas’ controlan centros de detención

Las guerras por control y territorios de las cárceles en Ecuador son las que motivan los amotinamientos que dejan muertos y heridos (presos y uniformados).

Daniel Pontón, catedrático experto en seguridad, dice que es de conocimiento general que el narcotráfico es dominado desde las cárceles, específicamente por el grupo de los ‘Choneros’. Mientras que el coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del ejército ecuatoriano, explica que están identificadas 26 megabandas: 15 en la cárcel del Litoral (Guayas), 6 en el Turi (Azuay) y 5 en Cotopaxi.

La fuerza que han ganado estas organizaciones delictivas muestra “la falta de gobernabilidad” dentro de los centros, añaden los expertos.

Reiteran que la falta de preparación y seguimiento al perfil de los guías y administradores (muchos que caen en los sobornos) han hecho que las bandas se afiancen.

Israel Ch. estuvo durante tres años en la cárcel de Latacunga. Él comenta que cuando había requisa toda la cárcel ya sabía: “los reos hacen nuevas caletas (escondites) para guardar armas, drogas y teléfonos. Esas requisas son un chiste. Si encuentran un cuchillo toman una foto para el Facebook y se van”.

Las alertas, presume el joven que hace dos años salió libre, provenían de los mismos agentes de seguridad.

El problema interno lo tienen que solucionar con una nueva administración de los centros carcelarios, un sistema adecuado de guías y reingeniería total”. Coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del ejército ecuatoriano.

Es una especie de crisis repetitiva que estamos evidenciado. Las crisis se relacionan a un tema de limitación de recursos”. Daniel Pontón, catedrático experto en seguridad.

Esas requisas son un chiste. Si encuentran un cuchillo toman una foto para el Facebook y se van”. Israel Ch., exdetenido que estuvo en la cárcel de Latacunga.

Fuente:http://www.lahora.com.ec