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En menos de cinco meses, Función Judicial planteó varios requerimientos de seguridad
Desde enero de 2023 está vigente un convenio entre la Judicatura y el Ministerio de Interior que busca coordinar acciones para incorporar servidores policiales para que precautelen la seguridad.Las solicitudes que en menos de cinco meses ha realizado el Consejo de la Judicatura (CJ) al Ministerio del Interior para que se ejecuten las “medidas necesarias” para garantizar la protección y seguridad de los servidores judiciales y usuarios, todavía están en el papel.
Desde el 7 de enero de 2023 está vigente un convenio interinstitucional entre la Judicatura y el Ministerio de Interior que plantea coordinar acciones para incorporar servidores policiales para precautelar la seguridad en las instalaciones de los complejos judiciales, unidades judiciales y Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esto lo harían en cumplimiento de la misión constitucional de la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público.
Luego, el 7 de junio, se planteó otra solicitud y se produjo pocas horas después de un atentado contra la vida de una persona privada de libertad en el complejo judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. A su vez, el 23 de ese mes, la dirección general del Consejo de la Judicatura volvió a solicitar al Ministerio del Interior acciones interinstitucionales referente a las amenazas y extorsión en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.
Estos oficios “hasta la presente fecha” no tienen ninguna respuesta, según consta en una acción de medidas cautelares constitucionales que fue conocida por Carmen Romero, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, y que fue planteada en julio por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, la Federación de Asociaciones Judiciales del Ecuador, los procuradores del Colectivo Jurídico Universitario, y la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador, en contra del Ministro del Interior, Juan Zapata; y el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas.
En su querella, los accionantes dicen no haber recibido una respuesta oportuna e inmediata para brindar una seguridad reforzada en los interiores y exteriores de las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, concluyen que existe una amenaza inminente y grave de violar derechos constitucionales principalmente a la vida, integridad, a la vida digna, al acceso a la Justicia, al trabajo en condiciones dignas, ocasionando daños irreversibles en contra de los funcionarios públicos y usuarios dentro de las dependencias del Consejo de la Judicatura. Por lo pronto, según trascendió, en las dependencias del Complejo Judicial Norte de Quito, donde opera la Judicatura de Pichincha, se redujo el personal policial de diez a siete.
El 11 de julio, la jueza Carmen Romero acogió la medida cautelar que regirá hasta que existan y se socialicen los protocolos definidos en las instancias judiciales, y pidió obtener resultados en un plazo máximo de 20 días (hasta el 31 de julio) dada la urgencia y necesidad de la protección a los funcionarios, empleados y usuarios del sistema judicial.
En el Ministerio del Interior todavía se analizarían los riesgos para cubrir con recursos de personal, tecnológico y asistencias a los funcionarios y a la infraestructura judicial del país. (SC)
Fuente:http://www.lahora.com.ec
