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En la Corte Nacional se rendirán seis testimonios anticipados que apalancan la teoría de Fiscalía en caso Las Torres
Cuatro accionistas y exdirectivos de la empresa Nolimit, un funcionario de la Contraloría y un exasesor de Petroecuador rendirán sus testimonios anticipados.
Los exdirectores de la empresa proveedora de servicios petroleros Nolimit C. A., Sebastián Robles y Patricio Saa, arrancarán la jornada de seis testimonios anticipados solicitados por la Fiscalía dentro del caso Las Torres. La diligencia fue convocada por el juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a las 08:30 de este viernes 6 de agosto, a solo días de que se cierre la etapa de instrucción fiscal en el proceso que investiga el delito de delincuencia organizada.
Se continuará con los testimonios anticipados del exsubcontralor subrogante y actual funcionario de la Contraloría, Luis Miño; de los accionistas de Nolimit, Pedro Crespo y José de la Paz; y del exasesor de Petroecuador y familiar del excontralor Pablo Celi, José Raúl de la Torre. Al ser testigos de Fiscalía, que incluso son parte del Programa de Víctimas y Testigos, todos estarán expuestos a que los abogados de los acusados les realicen las preguntas que crean necesarias.
De la Paz y De la Torre rendirán sus testimonios vía telemática desde las delegaciones consulares de Ecuador en Miami y Washington D. C., en Estados Unidos. Ambos se encontrarían en ese país, según Fiscalía, cumpliendo una condena emitida en 2019, luego de que se los encontró culpables de ser parte de una red de corrupción que operó en la empresa pública Petroecuador entre 2018 y 2019.
Por delincuencia organizada se investiga a quince personas, entre ellas, el excontralor Celi; su hermano Esteban Celi; el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, su padre y su madre: Marco Flores Troncoso y Elsie Cueva; Adolfo Agusto Briones, hermano el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, quien también fue investigado en este caso hasta que falleció en la Cárcel 4.
La supuesta “organización criminal” que investiga la fiscal general Diana Salazar operó, entre el 2017 y el 2020, desde la Contraloría General del Estado (CGE), la Secretaría de la Presidencia y Petroecuador, en donde se exigían dineros a cambio del desvanecimiento de glosas en la CGE y la facilitación de pagos de planillas en Petroecuador.
A poco de que concluyan los 120 días definidos para la instrucción fiscal ordenada por el juez Córdova, luego de una formulación de cargos y dos vinculaciones, la procesada Martha Barrezueta, esposa del empresario inmobiliario Roberto Barrera, también sentenciado en Estados Unidos por ser parte de la red de corrupción en Petroecuador, pide se recepte un dispositivo celular de Barrera para que posteriormente se autorice la extracción de datos relevantes para esta investigación.
En un escrito, el 2 de agosto último Barrezueta resaltaba: “Me vi obligada a revisar, conjuntamente con mi esposo Roberto Barrera, cierta información relevante que considero aportará trascendental a la investigación, a fin de identificar de manera eficaz a los verdaderos responsables de la infracción penal materia de esta instrucción fiscal”.
Barrezueta junto con el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana fueron los últimos en ser vinculados a la causa penal Las Torres. A la mujer de 37 años se la acusa de que no solo tenía “pleno conocimiento” de las actividades ilícitas de su cónyuge (Roberto Barrera) y demás miembros de la estructura, sino que participaba recibiendo dinero, entregándolo a otros miembros y, en parte, ella disponía del dinero que era ilícitamente obtenido por la organización.
El 26 de agosto próximo, una vez ya se haya cerrado la instrucción fiscal, el juez Córdova convocó para que se evacue el procedimiento abreviado que la Fiscalía solicitó para Esteban Celi. El hermano del excontralor, para beneficiarse de una reducción de hasta un tercio de la pena mínima para el delito de delincuencia organizada, deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye.
La acusación fiscal sobre Esteban Celi habla de que él gestionaba el desvanecimiento de glosas en la Contraloría aprovechándose de las influencias de su hermano, el entonces contralor, y a cambio solicitaba la entrega de dádivas. (I)
Fuente:http://www.eluniverso.com
