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En 10 años, la actividad agropecuaria ecuatoriana se ha estancado en el 8% del PIB

A pesar de que el sector agrícola es uno de los que más mano de obra directa genera, y donde existe un potencial inmenso para la producción y la exportación, en la última década su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) se ha estancado en alrededor del 8%, debido a problemas estructurales y trabas que restan competitividad y productividad, pero que además impiden la llegada de más inversiones.

Desde 2008, en promedio, solo un 6% de la inversión extranjera directa que llega al país termina contribuyendo a la expansión de las actividades agropecuarias. En este sentido, dirigentes gremiales, empresarios y técnicos coincidieron en establecer que las principales barreras para el desarrollo de la actividad en el sector están relacionadas con la sobrerregulación, altos costos operativos, rigidez en la normativa laboral y contrabando.
Pesada tramitología 
Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, explicó que desde la década de los 70’ se ha venido escuchando, por parte de todos los gobiernos, que se va dar prioridad al agro, pero lo que se ha hecho es acumular una pesada e ineficiente tramitología.

“Se ha construido una telaraña jurídica donde está atrapado el productor agropecuario mientras la tramitología se lo va comiendo poco a poco. Por eso, las actividades que despuntaron a lo largo de los años eran, como la florícola o los camarones, las que menos regulaciones y trabas burocráticas tenía”, dijo.

Con esto concordó el productor de lácteos Luciano González, quien añadió el ejemplo de que, solo en la actividad de cárnicos y lácteos, luego de una revisión realizada hace un par de años, se determinó que existen alrededor de 170 cuerpos normativos que en muchos casos se contradicen y entorpecen el desarrollo.

Además, actualmente las leyes de sanidad agropecuaria, de semillas y el código de ambiente, aunque afectan directamente al agro, permanecen largo tiempo sin reglamento correspondiente. A lo que se añade que la Ley de tierra presenta ambigüedades que han sido denunciadas por productores y otros miembros del sector y que la Ley de recursos hídricos tiene un alto nivel de sanciones.

Aranceles e impuestos 
Por el lado de los costos de operación, la actividad se ve afectada fundamentalmente por un sistema pesado de aranceles y de impuestos. Así, al menos 10 tributos directos deben ser pagados por los productores agropecuarios, entre los que se incluyen impuesto a la Salida de Divisas (ISD), impuesto a las tierras, impuesto predial, patente municipal, fomento ambiental, sobretasas arancelarias, impuesto a vehículos motorizados, impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales e impuesto al valor agregado.

“Tanto aranceles como impuestos afectan directamente a los costos y al precio, por lo que se da el fenómeno que un producto, con las mismas características y calidad, se venda más del doble y el triple en Ecuador, en comparación con nuestros vecinos Perú y Colombia”, acotó Gómez de la Torre.
Normativa rezagada 
A esto se añade que la normativa laboral se ha quedado rezagada y no permite la flexibilidad para ajustarse a la naturaleza cíclica de muchas de las actividades agropecuarias. Incluso, según Ramón Morillo, empresario del sector, con más fuerza en los últimos cinco años se sobre reglamentó la contratación, con lo que se ha convertido en un trámite costoso y complejo.

Como resultado de estas trabas, finalmente y de forma cada vez más preocupante desde 2015, el contrabando quita espacio, en el mismo mercado interno, a los productores nacionales, con lo que se cierra el ciclo de desincentivos para la inversión.

“No se han creado políticas de mediano y largo plazo, sino solo para atacar la coyuntura. Desde hace 15 años, productos con gran potencial como los espárragos, alcachofa y palmito han ido migrando a los países vecinos en busca de mejores condiciones”, concluyó Gómez de la Torre. (JS)

Fuente:http://www.lahora.com.ec