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Elecciones 2025 ponen bajo la lupa la violencia política, ¿hay normativas?
La violencia política es uno de los ejes en el camino a las elecciones 2025.
La violencia política en Ecuador se manifiesta en diferentes instancias. El camino a las elecciones 2025 no está libre de este panorama.
El Código de la Democracia y los reglamentos de Debates y Promoción Electoral contemplan lineamientos sobre las prácticas violentas que se pueden presentar. Hay propuestas de reformas sobre el tema.
Violencia política, normativas y elecciones
Pablo Játiva, docente de Derecho, alude a que la violencia política se hace presente en las descalificaciones al argumento del contrario, la negativa al diálogo, insultos, burlas y el uso de estereotipos de género.
Ruth Hidalgo, director de Participación Ciudadana, alerta sobre un repunte de la violencia en las redes sociales. Aunque es a todo nivel, las mujeres que ocupan cargos altos o candidaturas son las más atacadas.
Las redes sociales son un espacio violento por excelencia. Hidalgo hace esta afirmación por los monitoreos permanentes que realiza la organización.
Si bien los ataques no son exclusivos hacia las mujeres, la violencia política de género sigue primando. Esta va de la mano con la potenciación de estereotipos, como que deberían ir a cuidar niños o estar en la cocina.
Se suman comentarios por el origen, la vestimenta y, de cajón, por su condición de mujer.
Ya en la campaña de las elecciones anticipadas 2023, el Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP) registró las expresiones más comunes utilizadas. Estas incluyeron insinuaciones sexuales, desmerecimiento por apariencia física, calificativos como tonta.
Código de la Democracia y la violencia política de género
El Código de la Democracia define a la violencia política de género como aquella agresión cometida por una persona o un grupo, directa o indirectamente, contra candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.
Esas manifestaciones, dice la normativa, están dirigidas a acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones propias de su cargo o inducir a una acción u omisión.
A su vez, se incluyen las amenazas en cualquier forma a ellas o a sus familias. Esto con miras a anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan.
Información falsa puede ser violencia
También se considera violencia política de género a proporcionar datos falsos a los órganos electorales con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
No se queda fuera la divulgación de imágenes, mensajes o información con base en estereotipos. También evitar que asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones.
Como puntualizan desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) Este tipo de violencia constituye una infracción electoral grave, establecida en el artículo 279 del Código de la Democracia.
Las sanciones incluyen una multa entre 21 y 70 salarios básicos unificados. Pero, también puede desembocar en la destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.
El Código de la Democracia no sanciona si un hombre ataca a otro.
Las propuestas de reforma
Frente a esa realidad, colectivos de mujeres propusieron reformas al Código de la Democracia. La iniciativa ya se trata en la Asamblea Nacional.
La propuesta plantea seis nuevas causales a continuación del numeral 13 del artículo 280 del Código de la Democracia.
Consta, por ejemplo, la sanción cuando causen o puedan ocasionar la muerte violenta de mujeres debido a su participación o actividad política. Así como que agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
El camino a las urnas
Desde Participación Ciudadana avizoran que la violencia en la campaña electoral 2025 puede escalar. El mayor riesgo es que las expresiones en redes sociales a las agresiones físicas. Este proceso será del 5 de enero al 6 de febrero.
Uno de los antecedentes graves es el asesinato del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, en agosto de 2023.
En esa línea, este 21 de octubre de 2024, se presentaron a los 288 servidores policiales que custodiarán a los binomios presidenciales. Se inscribieron 16 en el CNE, pero aún resta saber la cifra definitiva. Esta se conocerá el 30 de diciembre.
Cada binomio tendrá una cápsula de seguridad con nueve agentes, dependiendo del nivel de riesgo.
Las elecciones generales serán el 9 de febrero de 2025. Se elegirán a las cabezas de la Presidencia, Vicepresidencia, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.
Los parámetros
El Código de la Democracia, por ejemplo, establece que las precandidaturas no podrán fundamentar sus campañas en ataques personales o acusaciones al resto de postulantes.
En el Reglamento de Promoción Electoral, a su vez, se deja claro que los sujetos políticos, a través de los contenidos de la publicidad electoral, pondrán de manifiesto y garantizarán el cumplimiento de los principios que rigen la actividad:
El fomento de una cultura de paz y seguridad integral en el ámbito público y privado
La participación popular y pluralismo ideológico
El respeto a la diferencia e inclusión de los grupos sociales excluidos
El respeto a la honra, el buen nombre y la vida privada
Fuente: https://www.elcomercio.com/
