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Elecciones 2025: Cuestionan que los recursos del Estado financien los proyectos personales de candidatos
Para elecciones generales registradas entre 2013 y 2021, el Estado desembolsó $122’519.359 al Fondo de Promoción Electoral para fomentar las propuestas de los candidatos. En 2023 hubo un intento para evitar que el Estado siga destinando presupuestos para las campañas.El sistema mixto para la financiación de la política en tiempos de campaña electoral, que se estableció en la Constitución de 2008, ha servido para que el dinero de las campañas electorales termine financiado proyectos personales de políticos ecuatorianos.
Bajo este sistema el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprueba el Límite del Gasto Electoral para que las tiendas políticas financien mítines, material publicitario, camisetas y otras actividades que no implique contratación de publicidad en medios de comunicación.
Sin embargo, por el otro lado, el CNE asigna el Fondo de Promoción Electoral (FPE), que es dinero que destina el Estado para gastos de campaña en medios de comunicación y vallas publicitarias y que termina financiando proyectos personales de los candidatos.
“Con esto, en la práctica, los ecuatorianos terminamos financiando, con nuestros impuestos, aventuras políticas de aquellos que simplemente quieren promocionar su nombre en medios de comunicación o aumentar en su hoja de vida una línea que diga, candidato a la Presidencia, o tener una o dos curules en la Asamblea para negociar con el poder de turno los votos claves que faltan para aprobar una ley”, señaló el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Mauricio Alarcón.
Actualmente hay 17 binomios designados por las organizaciones políticas nacionales, pero todavía es incierto si todos estarán en la papeleta de febrero de 2025. Por ello, el CNE todavía no ha definido el monto final del FPE.
Sin embargo, en una sesión del 21 de julio, el CNE aprobó una proyección que alcanza los $13’760.259. De este monto, se calcula que cada fórmula presidencial recibiría $310.000 para su promoción en medios y vallas. El rubro consolidado se conocerá el 30 de diciembre de 2024, cuando el CNE oficialice la lista de candidatos que participarán en las elecciones de febrero de 2025.
En una entrevista en un medio televisivo, el vocal del CNE, José Cabrera, se declaró en contra de que el Estado pague la promoción electoral. Relató que en 2020, cuando se realizaron las reformas al Código de la Democracia, propuso que el país no debería pagar esta promoción, sin embargo, en la Asamblea no aceptaron la iniciativa.
El artículo 115 de la Constitución ordena que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de propuestas de las candidaturas.
En la práctica, esto demuestra que no son pocos los casos en que esos recursos son malgastados.
Estado asignó en 2021, $16 millones para el FPE
Según cifras de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en las elecciones presidenciales de 2021 el Estado asignó $16 millones para el Fondo de Promoción Electoral. En ese entonces, cada uno de los 16 binomios recibió casi $300.000 en la primera vuelta para aparecer en medios de comunicación.
Ese monto también lo recibió Guillermo Lasso (CREO), quien pasó a la segunda vuelta tras lograr más de 2 millones de votos.
En esas elecciones, Paúl Carrasco (expresidenciable de Juntos Podemos), quien también accedió a esos 300.000, apenas logró 20 mil votos. Otros políticos, que también recibieron el dinero del Estado, no llegaron ni al 3% de votos válidos.
De esta forma, los recursos del Estado se destinan a financiar proyectos personales que no alcanzan un respaldo popular relevante, dijo Alarcón.
Candidatos deben devolver los valores que el Estado paga por concepto de FPE
El artículo 223.1 del Código de la Democracia ordena que los candidatos que no logren el 4% de los votos válidos en dos elecciones consecutivas, deben devolver el 50% de los valores que el Estado asigna al FPE.
“Con la obligatoriedad de que deberían devolver los recursos, se podría desincentivar la participación, pero esto no ha ocurrido. El artículo de la ley es una norma que está de adorno y los ecuatorianos seguimos pagando la campaña de personas que se lanzan a la Presidencia y terminan recibiendo menos de 20.000 votos”, agregó Alarcón.
Fuentes del CNE dicen que la devolución del FPE es inaplicable porque el mismo artículo del Código señala que los candidatos y organizaciones políticas tendrán que devolver el 50% de los recursos estatales.
Sin embargo, la ley no especifica quién tiene que devolver los recursos si es el partido o el candidato, cuestionó Alarcón.
Por eso, las fuentes consultadas por LA HORA creen que es necesaria una reforma al artículo 355 del Código de la Democracia. En 2019, el entonces consejero del CNE, Luis Verdesoto, propuso que las organizaciones políticas (que auspician candidatos) que no cumplan con los porcentajes (4%) devuelvan el 100% de los montos entregados por el Estado. Su iniciativa no fue aprobada.
Consulta de Guillermo Lasso intentó detener entrega de dinero estatal
En la consulta popular de febrero de 2023 de iniciativa del expresidente Guillermo Lasso ya hubo un intento de controlar el negocio electoral y evitar que el Estado siga destinando altos presupuestos para la promoción y financiamientos de las organizaciones, pero la pregunta no se aprobó.
Entre 2013 y 2021 el Estado desembolsó $122’519.359 como rubro del FPE para fomentar las propuestas de los candidatos en campaña. Para los comicios del 5 de febrero de 2023, el monto para la promoción electoral aprobado por el CNE fue de $3’326.655 para prefectos, $4’594.498 para alcaldes, $3’743.586 para concejales y $1’853.302 para candidatos a vocales juntas parroquiales, según un informe que se divulgó en el régimen de Lasso. (SC)
Límite de gasto para elecciones de 2025
El 17 de agosto de 2024 el CNE aprobó el límite máximo de gasto para 2025. Para la candidatura presidencial en $5’494.526 basado en el número de electores habilitados, que asciende a 13’736.314. El límite para asambleístas nacionales es de $4’120.894, y para Parlamentarios Andinos $137’363.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
