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El Gobierno de Noboa anuncio como un triunfo de su gestión la entrega de licencias ambientales para seis proyectos de generación eléctrica ¿De dónde salen esos proyectos y quién los concesionó?
Los seis proyectos que ahora publicita el Gobierno de Daniel Noboa estuvieron paralizados más de 10 meses durante la actual gestión. Fueron concesionados en anteriores Gobiernos, sobre todo durante la administración de Guillermo Lasso, y no han tenido avances hasta el anuncio de la entrega de las licencias ambientales durante el pasado 15 de octubre de 2024.
Durante un evento proselitista en Ibarra, Imbabura, el presidente Daniel Noboa, anunció que su Gobierno entrega las licencias ambientales a 6 proyectos de energía solar e hidroeléctrica.
Con ello se generarán 399,85 Megavatios (MW), explicó Noboa, y además añadió: “Sabemos que por décadas se han trabado todo tipo de proyectos, donde si no tenían que ver con hidroeléctricas quedaban encajonados”.
Por su parte, la ministra de Energía y Minas encargada, Inés María Manzano, indicó que los proyectos crearán 1.920 fuentes de empleo y dinamizarán las economías de los cantones señalados: “340.000 hogares pasarán hacia la transición energética responsable. La ejecución de los proyectos representa una inversión de $437,7 millones desde el sector privado”.
La realidad es que todos esos proyectos fueron firmados en otras administraciones, sobre todo durante el Gobierno de Guillermo Lasso. Es decir, el Gobierno de Noboa heredó proyectos ya concesionados, pero en más de 10 meses no hizo nada para agilitar el trámite de las licencias ambientales. Eso quiere decir que estuvieron paralizados durante todo ese tiempo hasta el anuncio del pasado 15 de octubre.
Según el periodista de investigación Álvaro Martin, los proyectos Ambi Solar (60 MW y una inversión de $57 millones , Intiyana Solar (60 MW y una inversión de $59 millones), Imbabura (60 MW y una inversión de $63 millones), y Urcuquí (60 MW y una inversión de $57 millones) ; además de las hidroeléctricas Santa Rosa (49,50 MW y una inversión de $82 millones) y El Rosario (49,50 MW y una inversión de $115 millones), recién tienen licencia ambiental tras más de diez meses de paralización en el gobierno de Noboa.
Además, son parte del llamado bloque de proyectos de Energías Renovables no Convencionales (ERNC), que fueron incorporados al Plan Maestro de electricidad, el 5 de agosto de 2021, mediante acuerdo ministerial Nro. MERNNR-VEER-2021-0008-AM, para garantizar el abastecimiento de la demanda interna.
Inicialmente, dentro del Plan Maestro de Electricidad, la proyección hasta 2031 era incorporar un total de 1.400 MW provenientes de fuentes renovables que diversifiquen la matriz energética.
Como ya ha analizado LA HORA, ese Plan Maestro se ha convertido en papel mojado y su incumplimiento es una de las causas principales de la actual crisis con apagones de hasta 10 horas diarias.
Martín recordó que, del primer bloque de proyectos de Energías Renovables no Convencionales (ERNC), 8 proyectos, con una capacidad de 500 MW, fueron concesionados por Lasso dos días antes de finalizar su periodo.
Los proyectos concesionados por Lasso también incluyen al proyecto fotovoltaico Conolophus, adjudicado en 2021 a la Asociación Gran Solar Total Eren, con una inversión privada de $63 millones y con una potencia de 14,8 MW.
Villonaco III tiene una capacidad de generación de 110 MW de potencia y El Aromo de 200 MW.
En el caso de los proyectos Villonaco III (eólico) y el fotovoltaico El Aromo, si bien se adjudicaron durante el Gobierno de Lenín Moreno, los contratos de inversión se firmaron durante el Gobierno de Lasso.
Entonces, si se concesionaron en el anterior Gobierno, ¿Por qué no se agilitaron más rápido en medio de la crisis eléctrica?
«En principio, porque Andrea Arrobo, la exministra de Energía y Minas a quien Noboa acusó falsamente de sabotaje, días antes del cambio de mando presidencial, solicitó que no se firmen nuevos contratos en el sector eléctrico», explicó Martin.
En un post de X de noviembre de 2023, Andrea Arrobo dijo lo siguiente: «Siendo firmes con respecto a la eficiencia, responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos, solicito a las autoridades del sector no realizar contrataciones».
Esto en la práctica no solo significó que las contrataciones de energía de emergencia se dejaran sin efecto y los procesos volvieran a cero, sino que también quedaron varados todos los proyectos que ya tenían algún nivel de avance. Eso ha significado una pérdida de tiempo y dinero, además de haber contribuido a los apagones que se están viviendo actualmente.
Martin también añade que otra restricción añadida a los proyectos heredados es que, durante la administración de Noboa y desde el ministerio de Economía, se fijó un techo anual de $104,9 millones para los incentivos tributarios de los contratos de inversión aprobados por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai).
¿Está resuelto el problema de las trabas al fideicomiso de pago por la energía de los inversionistas privados?
Una de las principales trabas que ha impedido el avance de los proyectos eólico Villonaco III y fotovoltaico El Aromo, concesionados por Moreno y firmados por Lasso, es que «varios gremios sindicales de empresas públicas de distribución se han opuesto a que haya una prelación de pago a las empresas privadas a través de un fideicomiso con el que recuperen el dinero invertido».
Sin embargo, de lo que se sabe, sin mayores detalles al respecto, es que el Ministerio de Energía y Minas habría obtenido una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para regular la orden de prelación de pago con las distribuidoras. Así, a los privados se les pagaría primero.
«Ese acuerdo consistiría, en líneas generales, en que las empresas públicas de distribución paguen a las privadas por la generación de energía. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Economía cubriría esos pagos», explicó Martin.
Con financiamiento del BID, se debe implementar un fondo de contingencia con el fin de cubrir el pago a los inversionistas privados en caso de que no las empresas distribuidoras ni el ministerio de Economía puedan hacerlo.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/
