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Ecuador reconoce su responsabilidad en el caso de Paola Guzmán.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el país se reconoció como responsable en el caso de la menor Paola Guzmán,  quien en el 2002 se suicidó luego de ser abusada por el vicerrector de su colegio.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el país se reconoció como responsable en el caso de la menor Paola Guzmán,  quien en el 2002 se suicidó luego de ser abusada por el vicerrector de su colegio.

María Fernanda Álvarez, directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador, pidió disculpas a la madre de la fallecida por las “acciones y omisiones del Estado” los cuales permitieron el abuso y la muerte de la menor. Además reconoció el manejo inadecuado al caso a cargo de la Fiscalía el cual permitió que se prescribiera el proceso penal contra Espín.

Paola Guzmán sufrió dos años de abuso sexual por parte del vicerrector del colegio en Guayaquil, Bolívar Espín. Desde los 14 años a cambio de ayuda en sus notas fue abusada y luego de dos años quedó embarazada, el vicerrector la obligó a abortar y fue llevada al médico del colegio, el cual accedió a practicarle el aborto a cambio de favores sexuales.

La adolescente estaba deprimida y afectada por lo sucedido, ingirió fósforo blanco en camino al colegio, al llegar el colegio la hizo rezar y no se le dio la atención médica debida, luego de tres horas dejaron que sus compañeras llamen a la representante de Paola para comunicarle lo ocurrido.

Luego de un día después de estar en la unidad de terapia intensiva en una clínica privada, falleció.

“El abuso que vivió mi hija lo sabían todos, lo sabía el rector, los profesores, las compañeras y no me dijeron nada”, reclamó Albarracín entre lágrimas.

Relató su esfuerzo por buscar justicia al caso de su hija.

“Hice todo lo  posible, fui a la fiscalía, a la dirección de estudios, hubo mucha humillación, no me atendían, botaban los papeles”, se quejó.

Álvarez admitió que el Estado fue omiso en la investigación administrativa, en el proceso penal y en las acciones para impedir que este tipo de práctica se diera en un colegio público.”Como representante del Estado ofrezco a la señora Petita las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola”, expresó Álvarez.

Albarracín pidió que “el Estado ecuatoriano debe limpiar el nombre de mi hija porque ella fue la víctima. Que pongan mano dura para que no pase lo que vivió mi hija y lo que he sufrido”.