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Dirigentes fueron perseguidos por defender la naturaleza durante el correísmo
Durante el correísmo, diversos sectores sociales fueron perseguidos por su oposición al Gobierno, según el informe que elaboró la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más. Los integrantes analizaron seis grupos de casos: defensores de la naturaleza, pueblos indígenas, 30-S, libertad de expresión, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, y dirigentes sindicales. A través de siete entregas, este Diario presenta los principales resultados del informe en cada grupo, comenzando con los defensores de la naturaleza.
Fueron procesados penalmente después de participar en protestas en contra de la extracción de recursos naturales, en zonas biodiversas con asentamientos indígenas.
El principal componente de persecución, según la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más, fue el uso de la fuerza pública para ingresar a las comunidades. Se usaron delitos como asociación ilícita, invasión de tierras, resistencia, terrorismo y sabotaje.
Hubo “violaciones al debido proceso, detenciones ilegales, flagrancias fuera de tiempo, cambio de jueces y fiscales, demoras excesivas en la tramitación o resoluciones muy aceleradas, eliminación de las pruebas presentadas por las víctimas, sentencias sin motivación y altas penas”.
Además, funcionarios del Gobierno estuvieron en las audiencias y en las ‘sabatinas’, el expresidente Rafael Correa los acusó de delincuentes. (AGO)
Cordillera del Cóndor
El Gobierno aprobó la explotación minera en el proyecto Mirador, en Morona Santiago. En 2014, la empresa china Ecuacorriente ingresó a la población de San Marcos con maquinaria pesada, destruyendo la iglesia y la escuela. A finales de 2015 se desalojó a los comuneros de sus casas, en un operativo de “alrededor de 300 efectivos”, provocando el desplazamiento del barrio.
Correa señaló que había “un grupo minúsculo de extremistas de la etnia de nacionalidad shuar, con dirigentes irresponsables, que siempre han demostrado comportamientos violentos. Grupos paramilitares y semidelincuenciales”. Desde 2014, 12 líderes fueron procesados por invasión de tierra y asociación ilícita, incluido José Tendetza, quien después fue asesinado. Hubo, además, la quema de cosechas y casas, lo cual no fue investigado.
Mujeres amazónicas
Tras una protesta en Pastaza en contra de la décima ronda petrolera del Gobierno, en 2013, Mercedes Margoth Escobar, Gloria Ushiwa, Salomé Aranda, Daniela Mayaicha, Irene Toqueton, Nema Grefa, Graciana Grefa, Catalina Chumbi y Rosa Gualinga, líderes de nacionalidades shuar, shiwiar y zápara, fueron enjuiciadas. El tipo penal que se utilizó en el caso de Escobar fue ataque y resistencia. En uno de los procesos, el Ministerio del Interior solicitó una indemnización de 300 mil dólares. Además, las dirigentes recibieron amenazas de muerte. Por ejemplo, la Policía allanó la casa de Ushiwa agrediendo a las mujeres que estaban en el interior y, después, fue incendiada.
Íntag
En 2010, la Empresa Nacional de Minería (Enami) y la empresa chilena Codelco ingresaron al territorio de Íntag para explotar cobre. La comunidad exigió una consulta previa, pero, según la Mesa, la resistencia fue desarticulada por la Senain, que identificó a los líderes para iniciar procesos penales. Además, la comunidad fue “sitiada” por policías y se impidió el libre tránsito.
Javier Ramírez, Silvia Quimbango y Marcela Méndez fueron acusados de terrorismo y sabotaje. Ramírez fue detenido el 10 de abril de 2014 sin una boleta de privación de libertad y estuvo detenido por 10 meses. No conoció de qué se le imputaba hasta la audiencia de formulación de cargos. En audiencia de juicio, presentó pruebas de su no participación, que no fueron tomados en cuenta.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
