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Desconfianza en la justicia y tenencia de armas en el debate

La tendencia de comprar armas que se ha registrado en Quito y de otras ciudades de la Sierra, es un aspecto que le preocupa al presidente de la República, Lenín Moreno. “Es prohibido portar armas. Si quieren tener una en su casa cumplan con lo que corresponde la Ley, sacar el permiso respectivo”, dijo el jueves al cuestionar esta práctica. 

Expertos en seguridad y Derecho Penal coinciden en que estas actitudes reflejan que hay una falta de la credibilidad en las instituciones encargadas de la justicia en el país.

Sobre la legítima defensa —figura del Código Orgánico Integral Penal (COIP) —, los expertos opinan que debería entregarse más información, para que los ciudadanos conozcan bajo qué circunstancias es aplicable y cuáles son las repercusiones de la misma.

El COIP indica, que la aplicabilidad de la legitima defensa debe cumplir con tres requisitos: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho (AVV).
Una figura difícil de determinar 
° Rosa Défaz, abogada civil, señala que la figura legal de legítima defensa aplica cuando una persona actúa en defensa de un derecho, propio o ajeno. Sin embargo, para determinar que en realidad existió esa figura es necesario un análisis profundo de los hechos. “Lamentablemente eso puede tomar años y la víctima (la persona que se defendió) pasa por un proceso desgastante, es por eso que es importante que las leyes se apliquen desde los entes correspondientes, para que los ciudadanos no deban acudir a esta figura”.

Sociedad en crisis 
° “Mientras menos creen las personas en las instituciones más buscan la posibilidad de defenderse por sí mismas”, comenta Nicolás Salas, catedrático de Derecho Penal.

Salas es contrario al libre porte de armas y cita el ejemplo de Estados Unidos, donde las muertes por tiroteos están en aumento. En dicho país, en 2018, 40.000 personas murieron en eventos relacionados con tenencia de armas de fuego.
‘Temor generalizado’ 
° Lautaro Ojeda, investigador de seguridad ciudadana, dice que en el país se ha implantado “un temor generalizado” que, aunque no se justifica, explica por qué los ciudadanos adquieren armas o intentan tomar la justicia por mano propia.

“Creo que es grave, porque la violencia no se combate con más violencia o con armas”. Advierte que las fuerzas del orden deben iniciar trabajos para recuperar la confianza de los ciudadanos.
Políticas  
°  “Cuando uno es ciudadano espera que el país le brinde la seguridad que requiere para sus actividades diarias. No creo en la legítima defensa sino en un Estado que cuida de su gente”, dice Raúl Franco, experto en seguridad, quien cuestiona la falta de políticas claras sobre la fuerza pública. “La Policía no sabe cómo actuar, qué garantías tiene. Si usa las armas va presa y si no las usa, igual, eso desencadena la falta de seguridad y la decisión de los ciudadanos de protegerse”.

Fuente:http://www.lahora.com.ec