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Pachakutik, correísmo y PSC se reparten pedidos de juicio político
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó cinco pedidos de juicio político en contra de autoridades de control y una exautoridad.
El proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional está repartida entre tres agrupaciones políticas: Pachakutik (PK), Partido Social Cristiano (PSC) y Unión por la Esperanza (Unes). Las solicitudes de interpelación van en contra de los funcionarios del Gobierno actual y exfuncionarios del Régimen de Lenín Moreno. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó cinco pedidos de juicio político.
Este martes el pleno de la Asamblea Nacional conocerá y resolverá el pedido de juicio político al exministro de Energía, René Ortiz, quien es acusado de incumplimiento de funciones por los asambleístas Salvador Quishpe (Pk) y Luis Alimeida (PSC). El debate se dará en base al informe de la Comisión de Fiscalización, que recomienda la interpelación y censura del exfuncionario.
Los parlamentarios acusan al exministro de incumplimiento de funciones por los problemas en las facturas del consumo de energía eléctrica en el anterior Gobierno y por los efectos derivados de la eliminación del subsidio al combustible. En este caso, si se llega a la censura, Ortiz no podrá desempeñar un cargo público por un período de dos años.
Como parte de las conclusiones que tiene el informe de la Comisión de Fiscalización para que sea aprobada por la Legislatura, está la solicitud al presidente Guillermo Lasso para que derogue los decretos 1054, 1183 y 1158 que determinan la elevación gradual de los combustibles.
El requerimiento al Jefe de Estado se lo hace en vista de que en el Decreto que fija los precios de la gasolina y el diésel emitido por el Ejecutivo la semana pasada, solo se suspende la aplicación mensual de dicha elevación.
Entre tanto, otro de los juicios políticos en marcha es el planteado por los legisladores Ricardo Vanegas (PK) y Luis Almeida (PSC) en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia; en contra de la titular de la Superintendencia de Bancos, Ruth Arregui,propuesto por el asambleísta Darwin Pereira (PK); otro más en contra de Carlos Riofrío, contralor subrogante, que lo impulsa el legislador de Unión por la Esperanza (Unes) Ronny Aleaga; y en contra del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, por parte del legislador Ferdinán Álvarez.
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