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Contralor (s) Pablo Celi y el exsecretario José Augusto Briones ya cumplen orden de prisión por delincuencia organizada en la Cárcel 4, en Quito

Pasadas las 08:30 de este miércoles ingresaron al Centro de Privación de la Libertad (CPL) Masculino Pichincha número 2 o más conocida como Cárcel 4, ubicada al norte de Quito, el contralor general subrogante, Pablo Celi de la Torre; el exsecretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, y otras cuatro personas más procesados por el delito de delincuencia organizada.A la Cárcel 4 también fueron ingresados el hermano del contralor Celi, Esteban Celi; el hermano del exsecretario José Augusto Briones, Luis Augusto Briones; Ángelo R. y Andrés L.

La madrugada de este miércoles, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova Ochoa, dispuso contra estas seis personas, además de Silvia L., una orden de prisión preventiva por aparentemente haber sido parte de una organización que integrada por funcionarios públicos y personas particulares que conformaron una estructura “de concierto para delinquir” cuya finalidad, según la Fiscalía, era la comisión de varios delitos, entre otros, “contra a eficiencia de la administración pública y en contra de la economía del país”.

En este caso también son procesadas Elsie Cueva y Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores. Para la primera el juez Córdova no se dictó ninguna medida cautelar y se ordenó la libertad inmediata; mientras que para Cárdenas determinó la presentación periódica cada ocho días en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ desde el lunes 19 de abril próximo, el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

Para todos los procesados varones con orden de prisión preventiva el juez dispuso sean trasladados desde la zona de aseguramiento de la Unidad de Flagrancia a la denominada Cárcel 4. Aparentemente, Silvia L. fue ingresada en el Cárcel de Mujeres en el sector de Chillogallo, al sur de la capital.

La Fiscalía en el documento con el que solicitó, la noche del lunes último, las ordenes de allanamiento y las detenciones con fines investigativos de este caso explicó al juez Córdova que esta “organización se habría conformado para exigir dineros indebidos por gestionar el desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos suscritos entre las empresas EP Petroecuador y la empresa Nolimit S.A. en el período comprendido entre el año 2017 y el 2020…”. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com