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Confianza de la población en la justicia del Ecuador tiene tendencia a la baja

La credibilidad y la confianza de la población en la Justicia de Ecuador tiene tendencia a la baja. Sondeo de Click Report difundido en abril de 2024, solo el 11,46% de la población confiaba en la Función Judicial; pero en junio bajó al 10,72%.La credibilidad y la confianza de la población en la Función Judicial del Ecuador tiene tendencia a la baja. Según un sondeo de opinión de la firma Click Report difundido en abril de 2024, solo el 11,46% de la población confiaba en la Justicia; pero en junio bajó al 10,72%. Nueve de cada diez ecuatorianos desaprueba la gestión de este sector.

Según el director de la encuestadora, Francisco Romero, el principal detonante del mayor desprestigio de la Función Judicial, fueron las revelaciones de la investigación fiscal de los casos Metástasis y Purga. Esto caló en los ecuatorianos generando una desaprobación de la imagen de este sector y la gestión de los jueces. “La tendencia de la imagen y aprobación sigue a la baja”, alertó.

En estas tramas de corrupción que indaga desde diciembre de 2023 la Fiscalía por el presunto delito de delincuencia organizada están involucrados varios jueces, abogados, policías, y autoridades entre ellos, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Las investigaciones de Fiscalía revelaron la forma en que estaban organizados en la Función Judicial, a través de vender diferentes servicios dentro de la Justicia para beneficiar a delincuentes y políticos.

Para Francis Romero, si en la Función Judicial no se toman medidas en pro de una depuración, la próxima evaluación podría bordear entre el 8% o 7%. “Un país no puede desarrollarse y no puede generar estabilidad si no tiene una Justicia segura, imparcial. En este momento, la mayoría de los ecuatorianos reclaman una Justicia que no se venda”, afirmó.

Los desacuerdos, fricciones y demandas, abonan a la crisis de credibilidad

A la crisis de credibilidad en la Función Judicial abonan los desacuerdos y fricciones que se generaron entre los magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 18 de julio de 2024, pocas horas después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó a Mario Godoy, como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), de una terna que fue enviada por el presidente de la Corte, José Suing.

A esto se suman acciones legales que se ventilan en la Corte Constitucional (CC), en la Corte de Pichincha y en la Fiscalía. Todo apunta a presuntas irregularidades en la designación de Mario Godoy.

El 12 de julio, el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, pidió a la CC iniciar un seguimiento a su sentencia de 2019 y revisar la sesión del organismo del 10 de julio, donde una mayoría de vocales designó a Godoy.

El criterio jurídico del abogado Luis García, exasesor en la CC, es que no hay un tiempo establecido para un pronunciamiento de los jueces de la Corte. Consideró además  que la solicitud de Fantoni no es procedente porque la sentencia de 2019 ya fue archivada porque la CC ya dio seguimiento a su cumplimiento cuando, en diciembre de 2023, asumió el cargo el entonces presidente encargado de la Judicatura, Álvaro Román.

“Es decir, ya no hay más que verificar porque la Corte ya le dio cumplimiento”. Incluso en su sentencia de septiembre de 2022,  la CC pidió a la Judicatura ofrecer a Román disculpas públicas pues se le vulneró su derecho a la seguridad jurídica. (SC)

Denuncia en la Fiscalía y apelación en la Corte de Pichincha

La asambleísta Gissella Molina (Independiente) presentó este 23 de julio una denuncia en Fiscalía por presunto tráfico de influencias en contra de los consejeros del Cpccs,  los asambleístas del correísmo de la Comisión de Fiscalización por supuestas irregularidades con la designación de Mario Godoy.

Mientras, en la Corte de Pichincha se tramita un recurso de apelación a una acción de protección planteada por la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Jaramillo. Ella alega que en el Cpccs se habría producido una vulneración de derechos constitucionales que terminó con la designación de Mario Godoy.

Fuente:http://www.lahora.com.ec