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Condiciones para que la CC se decida por destitución de Alembert Vera estarían dadas
Elementos como no apelar la conformación de la veeduría ciudadana, dejar que la iniciativa siga su curso, no conocer el pedido de Jhoana Verdezoto para que el Pleno del Cpccs la archive e interponer medidas cautelares en la CIDH son los hechos que se analizarán.Los jueces de la Corte Constitucional (CC) tienen previsto instalar este 25 de septiembre de 2023, a las 10:00, vía telemática, una audiencia pública de seguimiento en la que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), con Alembert Vera a la cabeza, deberán explicar sus actuaciones en torno a la creación de una veeduría ciudadana que intenta evaluar el nombramiento de los jueces constitucionales.
A la audiencia virtual también deberá asistir Leiver Quimis, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi (Manabí), quien el 29 de agosto de 2023 aceptó la acción de protección a favor de la ciudadana Betyy Moreira y ordenó al Cpccs que conforme una veeduría para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces por parte del Cpccs Transitorio de Julio César Trujillo, que operó desde marzo de 2018 a junio de 2019.
Ese fallo no fue apelado por Alembert Vera y su administración continuó con el procedimiento. Se mantuvo la convocatoria a la veeduría y hasta el 13 de septiembre se recibieron alrededor de 40 postulaciones.
A partir de entonces, Agustín Grijalva, exjuez de la CC, cree que el presidente del Cpccs ha ido acumulando elementos que podrían configurar una infracción que llevaría a su destitución.
El exmagistrado constitucional remarcó que el Cpccs no apeló, ni planteó reclamos al fallo del juez de Montecristi y, por el contrario, dispuso que continúe su conformación. “Eso es lo más grave; pero cuando empezaron a sospechar que el asunto se les complicaba se adhirieron a una apelación de la Procuraduría General del Estado”, dijo Grijalva.
Otro elemento que añade Grijalva, es la solicitud de la consejera Jhoana Verdezoto para que el pleno del Cpccs deje sin efecto y se archive la conformación de la veeduría. Sin embargo, hasta el momento el organismo no da trámite a dicho pedido.
El exjuez deduce que la conformación de la veeduría se realiza, incluso, en contra de la voluntad de la mayoría del Cpccs. “Esta es una irregularidad adicional en la que están recayendo”, alertó.
A esto se suma el pedido de medidas cautelares realizado por Alembert Vera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Escenario posible
A criterio de Agustín Grijalva, el presidente del Cpccs se anticipa a una posible destitución, mantiene la conformación de la veeduría, y deslinda sus responsabilidades. Pero, al mismo tiempo, intenta cuestionar y desconocer las competencias de la Corte Constitucional en el ámbito internacional.
“Esto también es muy peligroso”, sostuvo Grijalva, quien recordó que la CC es el máximo organismo de protección de derechos en Ecuador, y de interpretación de la Constitución. “Con esta actitud (Alembert Vera) ha empeorado su situación”, subrayó.
Vera podrá defenderse
Ramiro Ávila, exjuez de la CC, dejó entrever que también habría las condiciones para una destitución o para un llamado de atención a Vera o a los consejeros que lo apoyaron.
Explicó que, como parte del debido proceso, la Corte verificará el cumplimiento del dictamen del 7 de mayo de 2019 y abrirá las puertas para que Vera se defienda, sea escuchado y pueda rebatir las acusaciones sobre los incumplimientos que se están evidenciando del dictamen de mayo de 2019.
Sin embargo, el criterio de Ávila es que no solo hubo un incumplimiento del dictamen de 2019, sino que se ha “producido un atentado a la independencia de la Corte” por parte de Vera y los consejeros que lo apoyan (Augusto Verduga y Yadira Saltos, cercanos al correísmo), porque, en el fondo, están cuestionado y deslegitimando el origen de la Corte que tiene la capacidad de mirar la constitucionalidad de todo acto público del Estado.
“La Corte es el gran árbitro que garantiza que la Constitución sea una norma; en el fondo, lo que hace el Consejo es tratar de deslegitimar a la Corte. Me parece que esto está en la agenda política del señor Vera”, expresó Ávila. (SC)
Resolución de la causa podría tomar hasta 20 días
Fuentes de la Corte Constitucional explicaron que una vez que se produzca la audiencia, los jueces entrarán en la fase de deliberación, donde la resolución de la causa podría tomar hasta 20 días. En esta etapa, la Corte individualizará las conductas de cada uno de los convocados y la presentación de pruebas.
Dos días antes de que se instale la diligencia, la Corte negó una solicitud de Gutemberg Vera Páez, padre de Alembert Vera, para que la audiencia convocada para el lunes, 25 de septiembre de 2023, se realice de forma presencial y no virtual.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
