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Comisión de Fiscalización pedirá más plazo para informe sobre juicio político al excontralor del Estado Pablo Celi
La Comisión de Fiscalización solicitará a la presidencia de la Asamblea Nacional cinco días más de plazo para presentar el informe de la solicitud de juicio político del excontralor del Estado Pablo Celi de la Torre, acusado de incumplimiento de funciones.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, manifestó que este viernes 30 de julio se reunirán en la mesa para aprobar la solicitud de ampliación de plazo debido al volumen de información que deben procesar en este juicio planteado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES).
Manifestó que en las 65 comparecencias que se registraron durante la etapa de prueba son 102 horas de audio y video que deben ser procesadas a más de la documentación presentada en la etapa de prueba, unos 120 expedientes con información solicitada por la Comisión y casi 400 cuerpos sobre expedientes abiertos en el caso denominado Las Torres, relacionado con el desvanecimiento de glosas en la Contraloría.
El interés en la Comisión es elaborar y aprobar un informe de consenso. Según Villavicencio, la Comisión de Fiscalización pese a las diferencias políticas ha venido actuando por unanimidad y conforme al procesamiento de pruebas y las comparecencias se ajustan a las acusaciones del interpelante.
Pablo Celi de la Torre al momento guarda prisión en la Cárcel n.º 4 de Quito y está siendo procesado por el delito de delincuencia organizada.
Las acusaciones planteadas por el asambleísta Juan Lloret se refieren a arrogación de funciones en el cargo de contralor subrogante; incumplimiento de funciones en el desvanecimiento de glosas durante su administración a varias empresas contratistas con el Estado; extralimitación de funciones en las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE); interferencia en el proceso electoral de 2021; y, suscripción de contratos con la empresa HDC, cuyo representante legal era Daniel Salcedo, sentenciado por peculado.
Sin adelantar criterio, añadió Villavicencio, se puede identificar fuerza en la trama de delincuencia organizada, que por el lado penal lleva la Fiscalía General del Estado; también en el contrato de servicios comunicacionales adjudicado por la Contraloría a la empresa cuyo representante legal es el sentenciado por peculado Daniel Salcedo; “donde se pone en evidencia la intervención del contralor subrogante pese a existir informes con glosas de la propia Contraloría en contra de la empresa HDC”.
Anunció que la investigación que desarrolla la Comisión de Fiscalización no se limitará al periodo de Pablo Celi, porque de la información obtenida permite señalar que hubo una trama de delincuencia organizada de larga data desde el desvanecimiento de glosas realizadas por el excontralor Carlos Pólit a favor de Odebrecht, a favor del exministro Galo Chiriboga y a la empresa Petrochina, donde se convierte en un pago de sobornos y de favores con la interferencia del Ejecutivo.
Villavicencio anticipó que la acusación sobre arrogación de funciones por parte de Pablo Celi, es uno de los capítulos más importantes que tiene el juicio contra Celi, porque queda en evidencia que hubo una especie de golpe de Estado para tomar control de la Contraloría, pues hubo dos grupos en disputa comandados por Carlos Pólit y Pablo Celi, respectivamente.
En el desvanecimiento de glosas hay un evidente incumplimiento y abuso de funciones, pues ahí se combina el trabajo que realiza la Corte de Justicia por el lado de la delincuencia organizada, pero en el lado político en la Comisión de Fiscalización se establece exactamente la acción del excontralor Pablo Celi.
Villavicencio indicó que como recomendaciones del informe se solicitará a la Fiscalía General del Estado abrir una indagación previa por la desaparición de documentos en la Contraloría del Estado.
Una vez que se entregue el informe sobre esta solicitud de juicio a Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización conocerá la solicitud de enjuiciamiento político en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien guarda prisión preventiva en la Cárcel n.º 4 de Quito. (I)
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