Una de ellas es la que hizo el asambleísta Luis Almeida (PSC), quien aseguró a este Diario que a mayo del 2021 la entidad no ha cumplido con la liquidación de siniestros por $ 157 millones.
Almeida consideró una medida correcta la liquidación de la entidad aseguradora estatal. Lamentó que los seguros requeridos y necesarios del Gobierno central e institucional, es decir, los más importantes del Ecuador como lo son las eléctricas, Petroecuador, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la telefonía y demás, a partir del régimen correísta (2009 en adelante), fueran entregados a Seguros Sucre bajo un sistema ilegal de asignación directa lo que resultó en afectación al propio Estado ecuatoriano.
Para Almeida, los autores visibles de lo sucedido son el expresidente Rafael Correa y su secretario jurídico Alexis Mera y luego en el gobierno de Lenín Moreno, la también secretaria jurídica, Johanna Pesántez. Asegura además que casi doce años después empiezan a salir los nombres de otros responsables que habrían actuado como intermediarios de reaseguros y/o asesores de seguro. Entre ellos nombró a Diego Sánchez Silva o Andrew Hye.
Explicó que el nombre de Diego Sánchez aparece en uno de los tantos chats tomados del celular del excontralor Celi, donde este ciudadano, que no es gerente, presidente ni funcionario de Seguros Sucre, escribe solicitando actuaciones y/o favores al contralor.
Recordó también que Seguros Sucre se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, por ser deudora de empresas estatales. Sin embargo, ni el Sercop de Silvana Vallejo ni el procurador general del Estado hicieron nada al respecto. Por ejemplo, en el caso de Petroecuador, adeuda según sentencia ejecutoriada (sobre la cual no cabe acción alguna) y mandamiento de ejecución dictado desde el 2016, más de $ 32 millones. Sin embargo, la empresa petrolera siguió contratando y extendiendo los seguros por 18 ocasiones, sin procesos licitatorios.
En estos días, Petroecuador debe afrontar el proceso de contratación de seguros, que al momento está en manos de Seguros Sucre, pero que por efecto del Decreto 82 ya no podrá renovar. Petroecuador informó ayer que continúan sus problemas legales, en el sentido de que no puede llamar a un nuevo concurso o licitación, pues al momento tiene varias demandas judiciales producto del último proceso licitatorio que intentó llevar adelante, pero que terminó extendiendo una vez más la póliza con Sucre. La póliza vence el 3 de agosto. (I)
