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Caso Furukawa: Acuerdo entre asociación de trabajadores y empresa abacalera investigada por explotación no tendría aval
El préstamo, por tres años y medio, de la hacienda Isabel a un grupo de 63 trabajadores de Furukawa no tendría ningún aval de instituciones del Gobierno. El convenio de comodato, suscrito el 15 de agosto, se ha manejado como un “acuerdo entre privados” y pese a que en el documento consta que actuó como veedora Karina Guevara “en calidad de funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas”, esta institución afirmó, en un comunicado, que no avala el acuerdo.
Sobre el caso, la directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, explicó que los derechos laborales son Derechos Humanos, reconocidos en el derecho al trabajo, del Protocolo de San Salvador y en la Opinión Consultiva de 2003, a la CorteIDH.
Por esto, desde lo jurídico, el Estado tiene “la obligación de controlar a los particulares que actúen en calidad de empleadores, para que no incurran en actos de explotación, esclavitud o discriminación contra los trabajadores a su cargo”.
Según la experta, en caso de que se verifiquen vulneraciones, se deben establecer sanciones adecuadas, así como la reparación integral para las víctimas. “No hacerlo revierte la carga de la responsabilidad por las mismas al Estado, que en ese caso podría ser demandado internacionalmente”, menciona Miño.
Tras las alertas del Comité de Solidaridad con los trabajadores de Furukawa, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante la medida que sería “un fraccionamiento interno del tejido social” y un intento de que la “colectividad olvide los hechos funestos” de la compañía procesadora y exportadora de fibra de abacá.
Desde esta entidad, que hizo público el informe de verificación del caso en febrero de este año, se consideró que “cualquier medida adoptada debería contemplar a la totalidad de los extrabajadores y sus familias”. Aunque ninguna autoridad de las carteras de Estado exhortadas se ha pronunciado oficialmente, el 18 de agosto, el subsecretario de Gobernabilidad, Carlos Gómez de la Cruz, respondió a un tuit del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) que: “(…) el Gobierno no ha avalado el mismo ni estuvo presente en los términos de la negociación”.
Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), se han alertado posibles enfrentamientos entre los miembros de la asociación y quienes todavía viven en la hacienda. Dentro de la investigación previa de la Fiscalía se han solicitado medidas de protección a las familias del sitio, pero el requerimiento no se ha cumplido aún.
Una larga lista de pendientes quedan además para los ministerios del Trabajo, de Salud, de Educación, de Inclusión, de Agricultura, Acuacultura y Pesca que fueron exhortados por la Defensoría del Pueblo, hace casi seis meses. (DLH)
Línea 42
° Hasta ayer, el grupo que vive en la hacienda Isabel, conocida como línea 42, informó que en estos días, algunos miembros de la asociación agrícola abacalera Esperanza de un Nuevo Amanecer, junto con su representante, Walter Dionisio Sánchez Ramos, acudieron a limpiar los campamentos y a medirlos para empezar a trabajar. Su intención aparentemente sería rehabilitar una de las infraestructuras que estaba abandonada. Quienes se resisten se mantienen en la incertidumbre, sin trabajo y sin opciones para sustentarse.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
