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Audiencia preparatoria de juicio del caso Dhruv se suspende
El conjuez Adrián Rojas suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 18 procesados por presunto peculado en el caso Dhruv.
La diligencia estaba prevista para este lunes 28 de marzo de 2022, en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, no se instaló.
El magistrado Rojas aún no define una fecha para la reinstalación de esta audiencia. Cuando se reanude la cita judicial, el conjuez deberá analizar si durante la investigación pública, que duró 120 días, Fiscalía no cometió violaciones al debido proceso o al derecho a la defensa. El magistrado debe decidir si declara nulo o válido el proceso.
Teoría de Fiscalía
Este caso se remonta al 5 de agosto del 2008. En esa fecha, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la Junta de Defensa Nacional adquirieron siete helicópteros Dhruv por un monto superior a los USD 45 millones.
Esta adquisición se dio durante el gobierno de Rafael Correa. Cuatro de las aeronaves se accidentaron.
La Fiscalía determinó que hubo presuntas irregularidades en esa compra y procesó a 15 personas por presunto peculado. Esa audiencia de formulación de cargos se realizó en octubre del 2021. Posteriormente, otras tres personas fueron vinculadas penalmente.
En la lista de imputados hay dos exministros de Defensa de la época del correísmo, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y otros militares en servicio pasivo.
Sus defensas aseguran que las evidencias de Fiscalía no son “suficientes, claras ni precisas”. Sostienen además que sus defendidos no han cometido ningún delito.
¿Por qué investigación se reabrió años después de la compra de los helicópteros?
En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de esas naves. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa.
Siete años después, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, desestimó la investigación y el 14 de abril de 2016 solicitó a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia el archivo de la denuncia.
En ese momento aseguró que no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de responsabilidad penal (IRP) de Contraloría para iniciar el señalamiento por peculado.
Ese requisito del IRP fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019. Ese fue el argumento que utilizó la actual fiscal general, Diana Salazar, para pedir que se reabra el caso el 23 de diciembre del 2020.
Sanción por peculado
El artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente cuando se habría perpetrado el supuesto ilícito, establece una pena de ocho a 12 años de cárcel por el delito de peculado.
Esa misma norma impone una pena de hasta 16 años de prisión “si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.
Fuente:http://www.elcomercio.com
