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Atrasos del Gobierno con Seguridad Social, GAD y proveedores, aún sin vía clara de pago

En el primer mes de gestión del Gobierno, los atrasos están en el orden de $ 1.300 millones según la ejecución presupuestaria.

En el primer mes de gobierno del presidente Guillermo Lasso, se mantienen atrasos de pagos para diversos sectores, y aún no se establece una ruta certera para viabilizar los pagos. La Seguridad Social, varios proveedores y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son los sectores que presentan buena parte de las acreencias.

De acuerdo con la Ejecución Presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre enero del 2021 y el 24 de junio de 2021 se han devengado (facturado) $ 12.380 millones del presupuesto; sin embargo, solo se han pagado efectivamente $ 11.073,4 millones, es decir, se presenta una brecha de $ 1.306,6 millones. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor si se toma en cuenta que hay algunos rubros que no están aún presupuestados. Un ejemplo de ello son ciertos pagos de la Seguridad Social.

Según las cifras de Economía y Finanzas, las donaciones corrientes devengadas, entre las que se cuentan los pagos con respecto al 40 % de contribución a las pensiones del IESS llegan a un rango de $ 1.742 millones, pero solo se han pagado $ 1.015 millones. En este tema, no aparecen rubros devengados en los primeros seis meses del año, como por ejemplo, $10,8 millones del 40 % para Riesgo del Trabajo o los dineros que se destinan para el Seguro Social Campesino, que aparecen a junio del 2021 con $ 0 de devengamiento y, por lo tanto, $ 0 de pago.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha dicho que aún no ha sido posible discutir el tema de estos pagos, pese a que ya había quedado casi listo un acuerdo con el gobierno anterior, debido a que aún no está totalmente consolidado el sector directivo del IESS. Hace dos semanas se nombró a Jorge Madera como representante del presidente en el IESS, pero aún no se ha conocido su hoja de ruta ni a su equipo.

En referencia al sector de los GAD, el pasado miércoles 23 se acordó iniciar mesas de diálogo al menos con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Estas empezarán el lunes próximo. Simón Cueva explicó que se han realizado pagos diarios a los GAD y, al momento, se está al día con las transferencias del Modelo de Equidad Territorial (MET) a todas las juntas parroquiales del país, así como a todos los municipios pequeños y medianos. Además, indicó que se está avanzando con los municipios grandes y prefecturas.

Así, al momento se han pagado $ 148,4 millones de IVA y unos $ 170 millones del Modelo de Equidad Territorial. El ministro agregó que la intención del Gobierno es no acumular más deudas con los GAD.

Entre tanto, varios proveedores del Estado se encuentran preocupados por los atrasos. Marco Leguízamo, presidente de la Cámara de Computación y representante de la Plataforma de Proveedores del Estado, explicó ayer que continúan con valores pendientes, aunque aclaró que del año anterior queda casi nada por pagar. Este año hay deudas desde enero de CUR mayores de $ 20.000 y CUR mayores de $ 10.000 desde marzo del 2021. “A nuestro colectivo, que es parte de la Asociación de Proveedores del Estado le deben unos $ 18 millones”, comentó. Agregó que han solicitado una reunión con el ministro Cueva, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

En todo caso, Leguízamo reconoció que hay deudas de años atrás por contratos sin partidas presupuestarias.

Por su parte, Enrry Castillo, socio del colectivo Asoelmanaba, pidió al Gobierno que les apoye con los pagos sobre un contrato integral del control de plagas en el Hospital de Guayaquil. El contrato se hizo en 2019, pero no hay una respuesta. Es más, el 25 de mayo pasado, Sercop a quien había acudido Castillo para reclamar el pago, le informó a la Asociación que el tema ha pasado a Contraloría. Enrry Castillo lamentó que se enrede su proceso y que en definitiva no pueda recibir su pago, pese a haber entregado ya el servicio.

Jean Pierre Castillo Rosado explicó que tiene una acreencia con el Estado por $ 16.000. La deuda corresponde a la Capitanía del Puerto de Manta. El contrato se celebró para dar mantenimiento a vehículos marítimos de esa entidad estatal y aunque el proveedor cumplió con su obligación, no ha recibido el pago.

Un caso similar experimenta Karen López, proveedora de servicios de alimentación del Hospital de Naranjal, a quien se le adeudan $ 4.200.

En estos primeros meses del Gobierno no existen importantes ingresos de liquidez, una vez que el acuerdo no se ha profundizado. Se esperan los primeros desembolsos por esta vía recién en septiembre. Entre tanto, el Gobierno había anunciado que llegarán recursos vía crédito entregado por la banca privada ($ 500 millones) y del FLAR ($ 300 millones).

Conagopare solicita reforma a la ley que permite reducción en presupuestos de las Juntas Parroquiales

Yilda Rivera, presidenta de Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, junto al Consejo Directivo de la institución se reunieron con Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, exponiendo los problemas que atraviesan las Juntas Parroquiales Rurales del país.

Rivera solicitó la ejecución de la Ley Amazónica, revisar las reformas a la Ley Fronteriza y reformar el artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el cual se permite la reducción a los presupuestos de las Juntas Parroquiales.

Además, plantearon reactivar la mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas para analizar la problemática y buscar soluciones.

Rivera aseveró que los recortes presupuestarios llegaron en el 2020 hasta el 60 %, como es el caso de la parroquia Pimocha, en la provincia de Los Ríos. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, se comprometió en hacer seguimiento a sus pedidos y dar agilidad a las reformas legales. (I)

Fuente:http://www.eluniverso.com