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Asamblea aprueba reformas de seguridad ciudadana que endurecen penas
El Pleno de la Asamblea aprobó este jueves 5 de enero del 2023 el proyecto de Ley que reforma nueve cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, que endurece penas para la extorsión y otros delitos.El texto fue aprobado con 117 votos a favor y 4 abstenciones, una vez agotado el segundo y definitivo debate en el que intervinieron 11 de los 137 asambleístas. La norma, que se compone de 151 artículos, será enviada al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o lo envíe al Registro Oficial.
La moción para aprobar el informe de manera íntegra fue presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (Izquierda Democrática, ID), a pesar de que recibió algunos reparos desde las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo (Unión por la Esperanza, Unes).
Apenas comenzó el segundo y definitivo debate, Mireya Pazmiño, asambleísta expulsada del bloque de Pachakutik, y el socialcristiano Luis Almeida, pidieron que el texto regresara a la Comisión para que se incorporen las observaciones, a lo que Narváez no dio paso.
Pazmiño se mostró en desacuerdo con el incremento de penas para algunos delitos, pues advirtió que esto provocará un hacinamiento carcelario. Mientras, Almeida insistió para que en el proyecto se incluyeran disposiciones para la tenencia y porte de armas.
Imputabilidad de menores
A su vez, Pierina Correa (Unes) solicitó que se eliminara del documento todo lo relacionado al procesamiento de menores de edad involucrados en hechos delictivos, pues dijo que este tema ya se está tratando en la Comisión especializada que tramita el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.
La socialcristiana Geraldine Weber pidió que los menores de edad sean sancionados como adultos en los delitos graves. Aseguró que organizaciones criminales reclutan a adolescentes porque “tienen patente de corso para matar”.
La hermana del expresidente Correa matizó que se trata de un tema delicado y que Ecuador debe cumplir con instrumentos internacionales que no permiten la imputabilidad de menores.
En cambio, Narváez indicó que en el proyecto se tipifican penas de 10 a 13 años de edad para quienes recluten a menores con fines delictivos. Además, que un adolescente pase a una cárcel al cumplir la mayoría de edad, en vez de continuar con una medida socioeducativa si comete un delito.
Endurecimiento de penas y nuevos delitos
El Presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que el proyecto, que tomó casi un año en discusión con base en una propuesta del Ejecutivo, no incurre en un “populismo penal”, sino que tipifica nuevos delitos o incrementa las penas de acuerdo con una dosimetría.
Resaltó que la propuesta contempla penas de entre 7 y 10 años para sancionar la extorsión o ‘vacunas’, es decir, para quienes exijan cuotas por supuesta protección.
Además, la intimidación a servidores públicos como jueces y fiscales será un delito sancionado con penas de 3 a 5 años de cárcel. Y el prevaricato será sancionado de 7 a 10 años si con un fallo judicial se beneficia al crimen organizado.
Desde el oficialismo, Nathalie Arias y Jorge Pinto salieron a defender el proyecto y pidieron que la propuesta fuese aprobada. En Pachakutik hubo posturas divididas: Joel Abad pidió que el proyecto regrese a la Comisión, pero el coordinador, Salvador Quishpe, dio su respaldo como una muestra de enfrentar a la inseguridad ciudadana.
Narváez aseguró que para el texto la Comisión recibió 300 observaciones de asambleístas e instituciones, pero que no todas pudieron ser incorporadas por ser inconstitucionales o porque corresponden a otras leyes como el tema de la tenencia de armas.
Fuente:http://www.elcomercio.com
