Becciu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado desde 2011 a 2018.
En mayo de 2018, el papa Francisco le nombró nuevo prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos.
Sin embargo, el pasado año y tras verse salpicado por este escándalo, el propio Francisco le obligó a presentar su renuncia para su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y para sus derechos como cardenal.
De esta manera, Becciu conserva su título, pero no podrá participar en un futuro cónclave.
El purpurado, de 73 años y quien siempre ha mantenido su inocencia en el escándalo, se convierte en el más alto funcionario vaticano acusado de delitos financieros.
Siempre ha mantenido su inocencia y ha asegurado ser «víctima de una maquinación deliberada» que le ha expuesto «durante estos largos meses» a una «picota mediática sin igual (…), sufriendo en silencio, incluso por el respeto y la tutela de la Iglesia», a la que ha dicho dedicar toda su vida.
Una de las novedades del juicio es que se regirá por las nuevas normas emitidas por el papa el pasado 30 de abril en un “motu proprio” (documento pontificio) que asigna a la Justicia ordinaria del Vaticano los eventuales juicios penales a cardenales y obispos, hasta ahora competencia del Tribunal Supremo. (I)
