NOTICIA
Comunidad internacional ‘tiene un rol clave’ en crisis política de Nicaragua
Catorce opositores han sido detenidos por la policía en los últimos días, la mayoría acusados de llamar a la injerencia extranjera.
A cinco meses de las elecciones generales en Nicaragua, las detenciones por parte del régimen del presidente Daniel Ortega a aspirantes a la Presidencia, líderes sociales y opositores continúan y ya superan la docena, al mismo tiempo que la condena y el rechazo internacional aumentan.
La última detención fue la del presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, arrestado por “incitar a la injerencia extranjera”, con base en la polémica “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que el Gobierno aplica a los opositores.
Rivas, también director de operaciones del Grupo Promérica, que aglutina a varias entidades financieras en el continente, se suma a otros trece detenidos por la Policía en los últimos días y es investigado por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
“En Nicaragua… solo por el hecho de pensar distinto, el Gobierno te persigue y eso va en contra del sistema democrático, porque en democracia todos podemos opinar, pero el señor Ortega no quiere tener oposición y quiere volver a reelegirse”, dice el doctor Carlos Estarellas Velázquez, experto ecuatoriano en derecho internacional y catedrático universitario.
Para el jurista, el papel de la comunidad internacional “es clave en esta crisis que enfrenta Nicaragua, ya que se están violando derechos fundamentales”, y dice que considera que es la única salida para lo que enfrenta el país.
“En Nicaragua lo que hay es una tiranía… La única manera es que la comunidad internacional de América Latina presione para que el país no esté como está hoy… Es importante la declaración de la OEA, pero no es suficiente; los tiempos de la diplomacia no van con los tiempos reales. Por lo que está sucediendo en Nicaragua, es ahora. Yo creo que se deberían utilizar otros métodos más fuertes de coacción, quizás aislando al señor Ortega. Es necesario actuar”, agrega Estarellas.
Por otro lado, el jurista dice sobre la ley bajo la que se están efectuando los arrestos que no existe ninguna otra similar en el mundo en sistemas de Gobiernos democráticos, y que va en contra de los derechos humanos. Añade que no se debe olvidar el avance que ha tenido el derecho internacional y que permite ahora elevar denuncias sobre este tipo de abusos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros entes, y que son recursos a los que pueden recurrir los detenidos a través de sus abogados, aunque menciona que son procesos que toman tiempo.
La ola de arrestos en Nicaragua comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana.
Dentro de los apresados aparecen también figuras que en su momento fueron aliadas a Ortega, como el combatiente histórico sandinista Hugo Torres, que en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel a Ortega. Torres permanecerá en prisión hasta por 90 días bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Otros que permanecerán encarcelados durante tres meses, acusados por los mismos delitos, son el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y la disidente sandinista Suyen Barahona, refiere EFE.
El Gobierno considera que los opositores detenidos bajo cargos de “incitar a la intervención extranjera” son “usurpadores” financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Ortega.
Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional que acabó con la dictadura de los Somoza, gobernó entre 1979 y 1990, y regresó al poder en 2007, en el que permanece tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones de noviembre.
La oposición y la comunidad internacional lo acusan de encabezar un Gobierno autoritario tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejó más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El sandinismo, por su parte, aseguró esta semana que Nicaragua celebrará elecciones generales “libres, justas y transparentes” y exigió “la no injerencia de cualquier Gobierno extranjero” en el proceso. (I)
Fuente:http://www.eluniverso.com
