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En la sesión 328, la asambleísta Marcela Aguiñaga indicó que el protocolo va a permitir reducir la brecha tecnológica que hoy tienen países en vías de desarrollo.

Además, señaló que sí existe regulación para el control. «Para eso se expidió una nueva legislación en temas de propiedad intelectual como es el Código de Ingenios, el Código Orgánico del Ambiente, Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hoy establece un tipo penal», citó.

Por su parte, el asambleísta por Galápagos, Washington Paredes (CREO-SUMA), mencionó que el estudio genético es clave para la prevención de enfermedades. También, que sirve para determinar el estado de salud de las especies.

Luis Fernando Torres (PSC-Cambio), durante su intervención, dijo: «debemos defender los derechos constitucionales y colectivos de nuestras comunidades indígenas».

Desde otro lado, la asambleísta (AP) Esther Cuesta informó que la región amazónica de América del Sur alberga la mitad de las especies vivas del planeta.

Según la página de la Asamblea Nacional, el Protoloco tiene un enfoque de sostenibilidad. Además, que se deriva del Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado por las Naciones Unidas en 1993.

Dicho Convenio tiene tres metas: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios que provenga del uso de los recursos genéticos.

Héctor Muñoz, de CREO-SUMA, criticó el análisis del protocolo y sostuvo que «ni la comisión ni el Pleno de la Asamblea tienen capacidad de analizar la constitucional de este convenio».

Pero la oficialista Doris Soliz consideró que esta es una herramienta positiva para la conservación de la biodiversidad y fortalecer el marco jurídico del país. (I)